El nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es el tributo de aplicación más general de nuestro sistema tributario. Nos encontramos ante un Impuesto clave en el diseño de la política económica, tanto por su importancia recaudatoria y la población a la que afecta como por incidir en las decisiones económicas de la gran mayoría de los ciudadanos.La reforma del IRPF, que actualmente se encuentra en el último estadio de su tramitación parlamentaria, representa el cumplimiento de uno de los compromisos electorales de mayor calado asumidos por el Partido Popular cuando concurrió a las últimas elecciones generales. Se hacía imprescindible reformar la imposición personal sobre la renta y reducir la presión fiscal que soportan los ciudadanos españoles, modificando el actual tratamiento de temas tan importantes como la familia, el ahorro y la vivienda.

El nuevo Impuesto, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero, pretende, asimismo, corregir los defectos que actualmente presenta el IRPF, modernizando una figura tributaria que debe responder adecuadamente a los importantes retos que implicará nuestra incorporación a la Unión Económica y Monetaria. Entre las deficiencias que presenta el actual Impuesto, que han sido tradicionalmente puestas de manifiesto tanto por los Tribunales de Justicia como por los estudiosos del Derecho Tributario, se encuentran las siguientes:

-El actual IRPF no es un impuesto equitativo en la distribución de la carga tributaria, pues perjudica a las familias sobre los contribuyentes individuales; no favorece el acceso de nuestros ciudadanos a la vivienda, tal y como se garantiza en nuestra Constitución, y, fundamentalmente, discrimina a los perceptores de rentas de trabajo personal respecto a los que tienen otro tipo de rentas, a pesar de que los primeros constituyen el sector más amplio de nuestros contribuyentes.

-Es una figura tributaria ineficiente, pues penaliza la creación de empleo, que con frecuencia es utilizado como pretexto para asegurar una mayor contribución a las arcas públicas; perjudica y desincentiva el ahorro de nuestros ciudadanos, al tiempo que tampoco fomenta la actividad económica generadora de riqueza, ni la asunción de riesgos por nuestros pequeños y medianos empresarios

-El actual Impuesto es excesivamente complejo y prolijo, de tal manera que ello dificulta su aplicación, no sólo por el contribuyente, sino también por la propia Administración.

Así planteadas las cosas, la reforma del IRPF no podía plantearse sino como una reforma estructural del impuesto, orientada a corregir los defectos antes apuntados y a modernizarlo de cara a los importantes retos de futuro, ligados a nuestra adhesión a la moneda única europea.

La reducción de la carga tributaria que soportan nuestros contribuyentes es una vieja aspiración de los ciudadanos de nuestro país que, en el momento presente es, además, una reforma posible. La actual reducción del déficit público y el crecimiento de nuestra economía permiten hacer compatible la reforma del IRPF con el cumplimiento de los objetivos marcados por el programa de Convergencia de la Unión Europa, que prevé que la presión fiscal se rebaje dos décimas del PIB en 1999 y otras dos en el año 2000.

Los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Economía y Hacienda permiten afirmar que el nuevo IRPF supondrá una reducción importante de la presión fiscal que soportan nuestros ciudadanos. La rebaja de la tributación será efectiva sobre la totalidad de los contribuyentes españoles, aunque será especialmente significativa entre los que tienen niveles de renta más bajos. La rebaja media de la presión fiscal que experimentarán los contribuyentes españoles será del 11,1% y podrán apreciarla en las retenciones que se les practiquen en sus nóminas, a partir del día 1 de enero de 1999.

Por primera vez en nuestro país, la ley tributaria garantiza que los contribuyentes españoles no tengan que pagar impuestos por las rentas imprescindibles para vivir con cierta dignidad. Los ingresos necesarios para alimentarse, vestirse o estudiar, entre otros, no van a estar sometidos a gravamen, en virtud de la introducción de un mínimo exento, que variará en función de diversas circunstancias vitales de los contribuyentes, como son el número de hijos o ascendientes a su cargo, en especial si en ellos, o en el mismo contribuyente, concurre algún tipo de discapacidad.

El nuevo Impuesto va a suponer, asimismo, la mejora del tratamiento que actualmente se otorga a la vivienda en el Impuesto sobre la Renta. En la actualidad, cerca de 10 millones de contribuyentes se ven obligados a tributar por las viviendas que, generalmente, han adquirido después de numerosos esfuerzos de tipo personal y que, con frecuencia, tienen hipotecadas.

A partir del próximo 1 de enero, no sólo se va a poner fin a esta tradicional discriminación del actual IRPF, que se arrastra desde el año 1978, sino que se van a incrementar notablemente los incentivos fiscales para la adquisición de una vivienda. Se eleva del 15% al 20% la deducción que podrá disfrutar el contribuyente por las primeras 750.000 pesetas dedicadas a esta finalidad, al tiempo que se elimina el actual límite del 30% de la base imponible, que ha venido favoreciendo a los contribuyentes de rentas más altas, que por ello podían beneficiarse de una deducción notoriamente mayor.

La introducción de las medidas anteriores, que van a afectar a la inmensa mayoría de nuestros contribuyentes, unido a una reducción importante de los tipos de gravamen del impuesto, van a determinar que una cifra cercana a 300.000 trabajadores, de entre ellos 150.000 pensionistas, dejarán de tributar en el Impuesto sobre la Renta y no se les practicará retención alguna en sus nóminas a partir del próximo 1 de enero.

Otra de las novedades a destacar del nuevo IRPF es el hecho de que será un impuesto notoriamente más sencillo que el actual, lo cual no sólo resulta imprescindible para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones formales, sino también para que la Administración pueda gestionar el impuesto de forma más eficaz. Sólo liberando parte de los recursos humanos que hasta ahora se han dedicado a estos fines se podrá poner fin a las tradicionales bolsas de fraude que todavía persisten en el IRPF.

La reforma del Impuesto sobre la Renta ha constituido durante muchos años una auténtica asignatura pendiente de nuestro sistema tributario, de la que los Gobiernos anteriores se habían venido desentendiendo. El mandato del artículo 31.1 de nuestro texto constitucional es claro cuando exige que los ciudadanos contribuyan a las arcas públicas de acuerdo con su capacidad económica real.

El objetivo anterior, unido a la necesidad de que el IRPF sea un instrumento efectivo para la política de crecimiento económico y de creación de empleo que está desarrollando el Gobierno, ha determinado la presentación en las Cortes del proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre la Renta, cuyos primeros resultados no tardarán en ser apreciados por nuestros contribuyentes.