FINANCIACIÓN AUTONÓMICA La ruptura del consenso

Una de las características de nuestra historia reciente es la de haber hecho del consenso una forma de hacer política, que ha sido fundamental para permitirnos vivir en paz y libertad durante esos 20 años de vida constitucional y también para resolver el problema de la articulación territorial de España, pendiente durante siglos. La primera ruptura grave de este consenso constitucional es precisamente la que llevó a cabo el Gobierno al aprobar el actual sistema de financiación autonómica. Desde el primer momento fue muy criticado, no sólo por injusto, sino por lo que significaba de precedente en la ruptura de un consenso necesario y difícil de alcanzar. ¿Por qué hizo esto el Gobierno? Pues porque carece de un proyecto de España. El que tenían no pudieron llevarlo a la práctica ante los resultados electorales del 3 de marzo de 1996. Desde la firma de los pactos de gobernabilidad con los nacionalistas están sin rumbo autonómico. El primer síntoma fue, precisamente, la aprobación de financiación autonómica. Lo socialistas siempre hemos defendido la necesidad del pacto de Estado en la construcción del Estado autonómico, y lo hemos practicado a lo largo y ancho de nuestras responsabilidades de Gobierno que hemos ejercido durante estos 20 años de vida constitucional. No hubiera sido posible la construcción del Estado autonómico que hoy tenemos sin el consenso en esta materia. El sistema de financiación ha roto la cohesión social entre los territorios y el acuerdo básico existente sobre la idea de España, porque un proyecto de país requiere respuestas a cada problema y un compromiso con los ciudadanos y para conseguirlo se precisa de áreas de consenso que lo fortalezcan. El Gobierno no ha sabido ni querido responder a las reiteradas llamadas al acuerdo que sobre estos temas se le han venido formulando. Y hay que seguir consensuando el modelo territorial de España con todos: partidos nacionales y nacionalistas y con las comunidades autónomas (CC AA), sistema de financiación incluido, pero el Gobierno no se atreve al consenso. La aprobación del actual modelo de financiación significó el inicio de la revisión del pacto político que supuso la aprobación de la Constitución. El tercer proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del PP ha vuelto a evidenciar estos problemas anunciados. Por referirme sólo a la financiación autonómica, diré que ni siquiera en los números logramos ponernos de acuerdo y eso que al hablar de números debería ser fácil saber la verdad de las cosas. Y no es así, porque, por otra parte, tampoco puede serlo, pues con estos Presupuestos no se pueden conocer los distintos componentes de la financiación autonómica. Se conoce la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), conocemos el 15% del IRPF como participación territorializada, pero se desconoce la cuantificación del tramo autonómico, que se ha convertido en extrapresupuestario y se paga con anticipos de tesorería, y que ya no es del 15%, y, por tanto, se desconoce la financiación global de cada comunidad autónoma. El Gobierno no puede, pues, afirmar que unas comunidades pierden financiación con respecto a otras, a no ser que quiera que hagamos un acto de fe en sus palabras, cosa que no debería pedirse para los asuntos terrenales, y menos para los presupuestarios. La no aceptación del sistema por parte de algunas CC AA no tiene por qué afectar a la participación en los ingresos del Estado, pues ambos instrumentos de financiación, participación territorializada en el IRPF y participación en los ingresos del Estado, son independientes, y debe evolucionar el instrumento de financiación común a todas las CC AA, la participación en los ingresos del Estado, de manera idéntica para todas ellas. Los Presupuestos Generales del Estado son asimétricos en su evolución y distribución entre las distintas comunidades y no utilizan el mismo criterio de evolución en la participación de los ingresos del Estado para unas CC AA y para otras. Unas, las que no aceptaron el modelo, se regulan con el índice de evolución del PIB nominal, y otras, las que sí lo aceptaron, han evolucionado según el ITAE. ¿Cómo se puede decir cuáles ganan y cuáles pierden, a menos que se quiera hacer de la falta de rigor también una forma de hacer política? En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha modificado el sistema de financiación; fijando un tope mínimo para el IRPF, del 6%, con la finalidad de amortiguar la caída que éste ha sufrido en la recaudación, del 11%, y lo hace retroactivo y, por tanto, aplicable a los años 1997 y 1998. Esto supone, en la práctica, la ruptura del propio sistema, el reconocimiento de su fracaso, aunque no quieran reconocerlo expresamente y recurren al ostracismo y a la opacidad para ocultarlo. Significa, sobre todo, la supresión de la corresponsabilidad fiscal, que era la estrella del nuevo modelo. Comparan en los Presupuestos cantidades que no son homogéneas; manipulan el propio método de fijación de los ITAE, compuesto, fundamentalmente, por ingresos impositivos y cotizaciones sociales, que han evolucionado menos del 6% y que, sin embargo, aparecen con un crecimiento sorpresa del 12%, al sumársele partidas que no le corresponden, como el IVA, aranceles aduaneros o transferencias del Inem. Y muchas cosas más. Pero, sobre todo, no se reconoce el censo real de población española y el número de habitantes de cada CC AA es el factor prioritario a la hora de calcular los ingresos que cada una de ellas recibe del Estado. En definitiva, la financiación no es más que un botón de muestra, muy importante, de lo que este Gobierno hace con la política autonómica: chapuzas, muchas chapuzas, día a día y año tras año.