El fiscal afirma que Miravete actuó con "desprecio a la vida" del cabo fallecido

El juicio contra el sargento Juan Carlos Miravete, acusado de matar a un cabo de un tiro, quedó ayer visto para sentencia. El fiscal reiteró su petición de 18 años de prisión por un delito de maltrato de obra a inferior con resultado de muerte y aseguró que la actuación de Miravete "evidencia el desprecio que tuvo por la vida de una persona". También reclamó 10 meses de cárcel por extralimitación en el ejercicio del mando y 15 millones de indemnización para la familia de la víctima, con la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

La acusación particular coincidió con el fiscal en los delitos imputados por "esos macabros juegos armados", pero aumentó sus peticiones a 20 años de prisión y otra pena de un año, además de un total de 39 millones de pesetas de indemnización para los familiares directos del cabo. Por el contrario, la defensa reclamó un mes de arresto por creer que debe aplicarse la eximente incompleta de enajenación mental "porque la situación de Miravete es de auténtico manual de psiquiatría". El abogado del Estado rebajó la petición de indemnización a 11 millones.El comandante Jaime Conejo, representante de la fiscalía, fue contundente al asegurar que la conducta de Miravete "no fue imprudente o negligente", sino que existió ánimo de matar al cabo Samuel Ferrer la madrugada del 19 de abril de 1997 en la cantina del destacamento de Candanchú (Huesca). "Miravete era perfectamente conocedor del gran riesgo que comportaba la manipulación del arma y de que se produjese un disparo en un lugar limitado como aquél y pese a ello decidió extraer la pistola y encañonar al cabo Ferrer", explicó.

El fiscal considera que de esa manera concluyó "una actividad delictual" iniciada horas antes, cuando después de la cena Miravete sacó y guardó su pistola en varias ocasiones para encañonar a varios soldados, les arengó con consignas militares y les obligó a realizar flexiones mientras se proyectaba El sargento de hierro y La jungla de cristal 3.

"La disciplina obliga a mandar con responsabilidad y Miravete estaba actuando como un mando, aunque él lo ponga en duda", explicó el fiscal, después de recordar las contradicciones en las que ha incurrido desde el inicio del proceso al ser preguntado por la mano con la que extrajo el arma, quién apretó el gatillo o cómo y porqué se disparó la pistola. "El sabía que la pistola estaba montada y amartillada antes de disparar al cabo", sentenció la acusación pública.

Durante su exposición el fiscal aseguró también que al ocurrir los hechos "Miravete había bebido alcohol, pero era plenamente consciente". Por eso aprecia la atenuante de embriaguez, pero no le acusa de esa conducta sancionada por el Código Penal Militar "porque no tuvo entidad". La fiscalía considera que, tras el disparo al cabo, Miravete "se desentendió" de la suerte que había podido correr Samuel Ferrer "y con una extraña lucidez se dedicó a borrar las pistas". Fue entonces cuando el sargento buscó el casquillo, lo tiró por el inodoro, y después amenazó a los soldados que habían presenciado los hechos. "Todo esto evidencia el desprecio que tuvo por la vida de una persona", según el fiscal.

Memoria selectiva

La acusación particular, ejercida por Alberto Pérez, coincidió con el ministerio público en el relato de los hechos y aseguró, tras recordar que Miravete había desenfundado en varias ocasiones, que "si no hubo antes un disparo fue de forma aleatoria". El abogado aludió también al "sofisticado ejercicio de memoria selectiva" de Miravete y recordó que el 14 de septiembre de 1984 también provocó la muerte de un sargento en condiciones similares en la residencia de suboficiales. Por esos hechos Miravete fue condenado a un año de cárcel y cuatro millones de multa por imprudencia.La acusación recordó el carácter humilde de la familia y que un hermano del fallecido es un deficiente psíquico que dependía de los ingresos del fallecido. Por eso, recordó al tribunal que tiene plena libertad para fijar la indemnización que desee.

La defensa, por su parte, aseguró que Miravete sufre un trastorno de personalidad desde los 15 años y acusó al fiscal y la acusación de "actuar a piñón fijo y obviar todo lo que pueda beneficiar a Miravete". Según el defensor, el cabo no murió en un acto de servicio de armas, por el ambiente que había en la cantina. También insistió en que "Miravete es un chivo expiatorio" y que debería haber sido apartado del Ejército si se le hubiesen realizado controles psico-físicos.