El puerto de Alicante pierde dinero por concesiones desfavorables o irregulares. Tres concesiones de aparcamientos del puerto son irregulares

E l crecimiento del puerto de Alicante se ve lastrado por concesiones realizadas en condiciones económicas desfavorables para la Autoridad Portuaria e incluso, en algunos casos, otorgadas de modo irregular. Son explotaciones de servicios portuarios en las que la diferencia entre los beneficios que obtiene la empresa concesionaria y el rendimiento que le saca el puerto es notable, y siempre beneficia a la empresa. El ente público Puertos del Estado confecciona un informe sobre los perjuicios de dichas concesiones causan al puerto.

La preocupación por esta situación ha trascendido el ámbito local y ha llegado al ente Puertos del Estado, que elabora un informe provisional sobre los perjuicios que dichas concesiones podrían causar al puerto.Las cifras que se barajan ascienden a cientos de millones de pesetas. El presidente de la Autoridad Portuaria, Mario Flores, ha puesto en varias ocasiones la explotación de la zona lúdica del Muelle de Levante como ejemplo de una concesión cuyas condiciones suponen casi un regalo para la empresa concesionaria. Además de detalles como la exención a la concesionaria del pago de un canon por el espejo de agua (zona de amarre de barcos), algo que sí debe pagar el Club de Regatas, situado justo enfrente, el puerto sólo recibirá una contraprestación de 500 millones al cabo de los 30 años de concesión. Por contra, la explotación de la nueva zona de ocio que se prevé construir en Poniente le reportará a la Autoridad Portuaria unos 3.000 millones en el mismo periodo. Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico indican que situaciones como ésta no son una excepción sino uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la nueva dirección del puerto desde que Flores sustituyó a Ángel Cuesta en la presidencia en julio de 1996. Son al menos tres las concesiones que presentan irregularidades en algún momento del proceso de adjudicación o en su desarrollo. El objeto de las mismas es la explotación de tres aparcamientos propiedad de la Autoridad Portuaria, y las tres fueron concedidas a una firma del empresario Gerardo de Dios en condiciones tan favorables para éste como gravosas para el puerto. La primera de dichas concesiones se produjo en diciembre de 1995, cuando Hispana de Ingenierías y Servicios, cuyo único socio es Gerardo de Dios, ganó la adjudicación de la explotación de los aparcamientos de Canalejas y los muelles 1 y 2 por un plazo de tres años. Otra sociedad del mismo empresario, Esursa, ya había explotado esos terrenos desde 1989. Hispana ganó el concurso pese a que su oferta no se ajustaba a lo estipulado en el pliego de condiciones. Éste exigía que se ofertara un canon de actividad comercial no inferior al 1% de la facturación, pero Hispana presentó un canon fijo en lugar de porcentual. Asimismo, se aceptó que pagara menos por el aparcamiento de Canalejas que por los de los muelles 1 y 2, pese a tener aquél mayor superficie. Por último, Hispana incumple la condición particular 6ª, que estipula que el único objeto social de la adjudicataria debe ser la explotación de la concesión, puesto que cuando ganó el concurso ya era concesionaria del aparcamiento situado bajo la Plaza del Mar, también del puerto. Incumplimientos La explotación de este segundo aparcamiento también la consiguió Hispana en condiciones muy ventajosas. La empresa redujo en buena parte su inversión al pasar por alto algunas obras incluidas en su proyecto, como el almacén reservado para la Autoridad Portuaria y la zona de fuentes y juegos infantiles. Y la inversión realizada la amortiza antes de lo planeado, porque paga el canon de explotación en base a los ingresos previstos, mientras que si lo hiciera sobre los reales pagaría más del doble. Hispana se presentó también como única licitante al concurso para adjudicación de la explotación del aparcamiento de la tercera fase del hotel Meliá, el 30 de abril de 1996. La Comisión Técnica encabezada por Ángel Cuesta informó favorablemente de la adjudicación y, mientras ésta se tramitaba y alegando el aumento de visitantes en la época estival, el presidente autorizó directamente en un escrito a Hispana para que iniciara la explotación sin necesidad de invertir nada y con cánones de explotación y de actividad industrial de un millón y medio y 565.000 pesetas, respectivamente. El concurso nunca llegó a convocarse e Hispana abandonó la explotación el 1 de agosto de 1997, cuando se hizo cargo de la misma la Comunidad de Propietarios del edificio, que en reiteradas ocasiones había denunciado dejadez y abandono en la gestión de la mercantil.