El Estado discrimina a los ayuntamientos que han aumentado la población en el reparto de fondos Los municipios que han perdido habitantes, casi todos del PP, se benefician de la medida

El Gobierno central ha incumplido la ley en los dos últimos ejercicios y ha escamoteado importantes cantidades de dinero a los municipios que registraron incrementos de población entre los años 1991 y 1996, ya que a la hora de repartir los fondos correspondientes a la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado -que varían según el número de habitantes, entre otros factores-, aplica los valores correspondientes al censo de 1991, en lugar de los oficiales que figuran en el de 1996. De esta irregularidad, por contra, se benefician aquellos municipios que han perdido habitantes.

Torrent contaba en el año 1991 con 56.564 habitantes. Cinco años más tarde, y de acuerdo con las cifras de población oficial al 1 de mayo de 1996, aprobadas como siempre mediante un real decreto, esta importante localidad del área metropolitana de Valencia alcanzó los 60.999 moradores. Pero el Ayuntamiento no ha visto aumentar las remesas correspondientes a la participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado en forma proporcional a ese incremento de 4.435 habitantes. En las entregas a cuenta correspondientes a los dos últimos ejercicios -que todavía están pendientes de liquidación definitiva, lo cual supone otra irregularidad del Gobierno- que ha recibido Torrent se ha mantenido como base de cálculo el censo correspondiente al año 1991. De esta forma, según los cálculos efectuados por los técnicos municipales, Torrent, donde gobiernan los socialistas, dejó de percibir en 1997 más de 250 millones de pesetas por este concepto. Una cifra muy significativa si se relaciona con el presupuesto municipal, que ronda los 4.000 millones de pesetas. Algo parecido sucede en L"Eliana, donde en 1991 se contabilizaron 8.255 habitantes, que pasaron a 11.526 en el censo de 1996. En este caso, los técnicos municipales calculan que las arcas del Ayuntamiento han dejado de ingresar en los dos últimos años 126 millones de pesetas en concepto de participación en los tributos del Estado. Una cifra no menos importante para las finanzas de esta localidad valenciana, que cuenta con un presupuesto anual en torno a los 1.500 millones de pesetas. Los que ganan, pierden En general, el padrón de 1996 reveló pérdidas de población en grandes municipios. Pero, como a efectos de su participación en la financiación se les ha seguido aplicando el de 1991, no han visto mermados sus ingresos procedentes del Estado. El Gobierno no ha reducido la aportación, como correspondería si aplicara el censo vigente a las poblaciones que han perdido habitantes o los han incremenado por debajo de la media nacional, como es el caso de algunas grandes ciudades españolas, en su mayor parte gobernadas por el partido del Gobierno. En otros muchos municipios las diferencias poblacionales han sido irrelevantes desde este punto de vista. Pero en el caso de pequeños municipios de elevado y constante crecimiento -como L"Eliana-, o para otros más grandes -como Torrent- el procedimiento utilizado supone un alto coste económico para sus arcas. Ello obliga a estos ayuntamientos a recortar los servicios que prestan a los ciudadanos, a reducir sus inversiones o a incrementar su endeudamiento si quiere mantener esos servicios y esas inversiones. Estas cantidades son muy difíciles de calcular, dado que el Ministerio de Hacienda ha dejado de publicar los datos correspondientes a las liquidaciones de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado. Por eso, los técnicos municipales de Torrent y L"Eliana se han tenido que limitar a efectuar una estimación de lo que han dejado de percibir sus ayuntamientos. Los socialistas señalan que el Gobierno central no ha aplicado el padrón de 1996 a la hora de repartir los fondos a las corporaciones locales porque perjudica más a los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular. En efecto, el censo de 1996 arrojó pérdidas de población en muchas de las grandes cuidades en las que gobiernan los populares. Así sucedió en Valencia, donde gobierna Rita Barberá, a quien, según los socialistas, por este motivo no le ha interesado "exigir al Gobierno central que cumpliera la ley". El sistema de financiación de las corporaciones locales se revisa cada cinco años. Recientemente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, dio luz verde al nuevo sistema que regirá para el próximo quinquenio. Uno de los aspectos acordados para el nuevo periodo afecta a aquellos ayuntamientos a los que la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado de los años 1997 y 1998 les suponga la obligación de devolver dinero a la Hacienda Pública. En estos casos se prevé efectuar una "liquidación cero", para que no tengan que devolver nada. De momento se desconoce si habrá solución para resarcir a aquellos otros municipios que, como Torrent y L"Eliana, no han recibido todo lo que les correspondía.