El PSPV de Benidorm exige al PP una auditoría de la deuda municipal
En la recta final del mandato municipal, la deuda exacta con entidades financieras y proveedores que acumula Benidorm es todo un misterio. Mientras el equipo que gobierna, del PP, asegura que los débitos no sobrepasan los 11.500 millones de pesetas, la oposición ofrece documentos que certifican hasta 15.000 millones de deuda a grandes compañías y bancos, y sitúa en el terreno de la hipótesis otros 3.000 millones en facturas de pequeños suministradores no organizados. El PSPV exige una auditoría.
El PSPV dio ayer otro paso en un intento de aclarar la situación financiera de la institución pública, y reclamó la celebración de un pleno extraordinario para debatir la contratación de una empresa "de contrastada experiencia y ecuanimidad" para auditar la gestión económica municipal desde 1992, primer año íntegro de mandato conservador. El PP adelantó su voto en contra. En esta ocasión los dirigentes locales del PP tendrán que agudizar el ingenio para explicar su oposición a la investigación. Los socialistas se han limitado a transcribir, literalmente, la propuesta que el PP planteó en febrero de 1992 para auditar la gestión económica del PSPV desde 1979 hasta que el ex alcalde Manuel Catalán fuera desalojado del poder por Eduardo Zaplana merced a una moción de censura. En aquella ocasión, los socialistas apoyaron una auditoría que incluía un exhaustivo informe de la situación de tesorería, saldos de cuentas de valores del presupuesto, relación de gastos e ingresos de todos los años investigados y liquidaciones. El portavoz municipal y secretario general del PSPV local, José María Pajín, presentó la propuesta de auditoría como "un ejercicio de higiene política". Promesa incumplida "Se lo ponemos en bandeja al PP para demostrar que sus datos son los verdaderos y no los nuestros, y de paso recordamos a los populares que en su programa electoral prometieron auditar sus cuentas, aunque esa misma promesa la realizó Zaplana en su época de alcalde y jamás se atrevió", declaró Pajín. El objetivo de la auditoría no es otro que conocer "la situación real" de las arcas locales. Según los socialistas, los créditos a largo plazo suscritos con varias entidades financieras se elevan a 6.800 millones de pesetas, a los que hay que sumar otras operaciones de tesorería a corto plazo por importe de 1.200 millones y algo más de 6.000 millones que reclaman las grandes empresas suministradoras de servicios, entre las que destacan Fomento de Construcciones, que reclama 2.000 millones que le deben por la recogida de basuras y limpieza viaria. Entre los acreedores figuran también Acuagest, Iberdrola, Telefónica, el parque comarcal de bomberos, el consorcio comarcal de aguas, Asisa y las mercantiles que se encargan de limpiar los colegios públicos, el funcionamiento de la depuradora o la explotadora de la ORA. Sólo con esas grandes partidas, el PSPV certificó ayer deudas por importe de 14.000 millones, a los que habría que sumar cientos de pequeños suministradores, cuyas facturas no conoce la oposición. El propio PP ha reconocido que las arcas están hipotecadas, lo que imposibilita ejecutar la mínima inversión en el pueblo. El alcalde, Vicente Pérez Devesa, adelantó ayer que su partido votará en contra de la auditoría, por considerarla "electoralista".
