Seis entidades reclaman medidas para evitar los desahucios

Miembros de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna -integrada por Cáritas, Justícia i Pau, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña y los sindicatos CC OO y UGT- comparecieron ayer en la Comisión de Política Social del Parlament para denunciar ante los diputados la inhibición de las administraciones en los casos de desahucio que afectan a personas o familias sin recursos. Los representantes de la Plataforma reprocharon a las administraciones que no ejercen una tarea de prevención informando a las familias o personas en riesgo de desahucio o facilitando ayudas para la vivienda. El Departamento de Bienestar Social dispone de una partida (de unos 200 millones de pesetas) para afrontar situaciones de desahucio, pero la Plataforma considera que estas ayudas "son insuficientes y siempre llegan tarde a causa de la larga tramitación de las peticiones". Por ello son cada vez más las familias que acuden a Cáritas, entidad que ha destinado desde principios de año 56 millones de pesetas a pagar alquileres de familias sin recursos. Según afirma la Plataforma, en Barcelona se producen anualmente unos 4.000 desahucios, un centenar de los cuales afectan a personas que no tienen a nadie que las acoja. Las administraciones "no facilitan la acogida de estas personas ni de sus muebles u otros bienes, que caen en manos de empresas que los venden". Los diputados se comprometieron a aumentar las ayudas a la vivienda previstas en los Presupuestos de la Generalitat de 1999 y a impulsar la coordinación entre jueces y ayuntamientos para evitar casos de desahucio.