El Defensor del Pueblo pide el divorcio rápido por malos tratos

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, pidió ayer en el Congreso la reforma del Código Civil para introducir como causa inmediata de divorcio los malos tratos familiares "sin tener que esperar a los plazos legales previstos". El Partido Popular se adelantó al anunciar en la misma comparecencia que su grupo prepara ya una proposición de ley que aún no ha presentado.

La medida propuesta ayer por el Defensor del Pueblo está recogida en el informe que su oficina ha elaborado sobre el tema y que fue entregado en mano al presidente del Congreso, Federico Trillo, el 30 de septiembre. Pero Álvarez de Miranda aprovechó su comparecencia ayer ante los diputados y senadores de las comisiones de Relaciones con el Defensor del Pueblo y Derechos de la Mujer para hacer hincapié en ella.La lentitud de la justicia en los casos de divorcio -la ley actual exige dos procedimientos separados para hacerlo efectivo- produce "situaciones insostenibles", explicó el Defensor del Pueblo. Y hacía referencia al 98% de esas 91 mujeres que murieron a manos de sus maridos en 1997 y que ya estaban en trámites de separación o legalmente divorciadas de ellos cuando fueron atacadas. Por eso defendió la necesidad de modificar la ley y añadir a las causas de divorcio recogidas en ella la existencia de malos tratos.

Sólo el PP recogió la propuesta y, a través de su portavoz, María José Camilleri, anunció que la reforma será objeto de una proposición de ley del partido del Gobierno. Sin embargo, fuentes del Grupo Popular confirmaron ayer que el proyecto está todavía en una fase inicial, ya que ni siquiera está redactado y, por lo tanto, no ha llegado al registro del Congreso. El PSOE, que estudia la modificación de la legislación relativa al divorcio desde 1994, cuando gobernaba, no se pronunció sobre la propuesta.

Todos los grupos aplaudieron el informe elaborado por la Oficina del Defensor, un informe exhaustivo que recoge en más de 300 folios 57 recomendaciones -jurídicas, asistenciales, educativas, etc- dirigidas a las distintas administraciones. La socialista Cristina Alberdi advirtió una laguna en el mismo: el olvido de las mujeres inmigrantes que sufren malos tratos. Alberdi pidió la concesión de asilo político para estas mujeres, algo que el Defensor del Pueblo se comprometió a estudiar. También analizará la desigualdad que se produce en la oferta asistencial entre las comunidades autónomas.

Más crítica fue Cristina Almeida, del Grupo Mixto, que advirtió sobre algunas de las recomendaciones y, concretamente, sobre el hecho de que las mujeres maltratadas obtengan puntos para adquirir un piso de protección oficial que puede ser "malinterpretado". El PP elogió las recomendaciones y su portavoz aprovechó para afirmar que la "inmensa mayoría" ya han sido puestas en marcha por el Gobierno a través del Plan de Acción sobre la violencia doméstica.