El juicio de Intelhorce seguirá adelante sin el ex administrador

El macrojuicio por la presunta estafa en la venta y posterior gestión de Intelhorce se celebrará sin uno de los principales imputados en el caso, el abogado José Manuel Muñiz, que fue administrador único de la textil malagueña durante su etapa privada y luego gestor de la factoría cuando volvió a manos del Estado.

La sala estimó ayer la petición de la fiscalía de Málaga y decretó el sobreseímiento provisional de la causa contra este imputado al entender que ha sufrido "una demencia sobrevenida" que le "anula su capacidad de entender" los hechos que se le imputan. Las defensas, casi de forma unánime, pidieron la suspensión de la vista oral por la ausencia de Muñiz e hicieron constar su protesta por la decisión final de la sala.

José Manuel Muñiz sufrió hace varios meses una embolia cerebral y su deteriorado estado de salud, acreditado por un informe forense, es la causa de su incomparecencia en este juicio. La sala entendió inicialmente que las cuestiones preliminares de la vista se podían celebrar sin su presencia, y ayer, tras conocer el dictamen de un nuevo informe forense que había requerido, decidió continuar el proceso con los otros 38 imputados y archivar provisionalmente la causa contra este abogado.

Los magistrados, sin embargo, dejan la puerta abierta a las defensas para que en la fase de las cuestiones previas planteen la posibilidad de que la ausencia de Muñiz pueda atentar contra uno de los derechos fundamentales que recoge el artículo 24 de la Constitución, el derecho a una tutela judicial efectiva, invocado ayer por la mayoría de los letrados.

32 años de cárcel

Muñiz, según la calificación del ministerio público, está imputado en este proceso por delitos de apropiación indebida, estafa, cohecho, falsedad en documento mercantil, delito societario y fiscal, por lo que se le piden penas que suman 32 años de cárcel.Para la mayoría de los abogados defensores, "no existe duda de que la actuación de Muñiz en la venta y posterior gestión de Intelhorce es determinante en este proceso", en palabras del letrado de la UGT, Jesús Pérez Lanzac. De forma casi unánime, los abogados esgrimieron que los informes forenses recogen que la situación del imputado es provisional y que podría producirse una mejora en su estado de salud en un periodo que uno de los propios dictámenes médicos llega a precisar no superior a seis meses. De hecho, la sala, en su pronunciamiento sobre la continuación de la vista, solicita que mensualmente se remita un informe médico sobre la situación de Muñiz.

La sala, de otro lado, desestimó las peticiones de los letrados de Miguel Ángel Herrera y de Luis Alcaide, antiguos ex altos cargos con responsabilidades en Improasa y Patrimonio, para no acudir a las sesiones preliminares de la vista oral.