El PSC presenta una enmienda a la totalidad a la ley de consejos sociales de la Universidad
La ley de consejos sociales de las universidades catalanas, que puede ser la última que tramite el Parlament en esta legislatura, parte con una enmienda a la totalidad presentada por el PSC, que acusa a la Generalitat de otorgarse un "peso desproporcionado" en estos organismos a costa de reducir la presencia de la sociedad civil, especialmente de los municipios. Para el Ejecutivo, la nueva distribución de los representantes responde a "cuestiones técnicas".
Según Joaquim Nadal, presidente del grupo parlamentario socialista, el proyecto de ley es una muestra de la política "gris, opaca, poco transparente y poco participativa que lleva a cabo el Gobierno de la Generalitat en materia de universidades". Para la también socialista Montserrat Duch, se trata de un problema de concepto. La cuestión no es la reducción del número de miembros de los consejos sociales de 30 a 25, que en su opinión podría incluso ser mayor como ya sucede en otras comunidades autónomas, sino el hecho de que la propuesta de ley va en la dirección de "cargarse a la sociedad civil" aumentando el peso de los representantes del Ejecutivo. Como alternativa, el PSC propone que sólo haya dos representantes del Gobierno y uno del Parlament, y que se incorpore a miembros de los colegios profesionales y de los ayuntamientos. El proyecto de ley establece que de los 25 miembros que integren los consejos sociales, 6 -incluido su presidente- sean nombrados por la Generalitat, 5 por el Parlament, 10 por las respectivas juntas de gobierno de cada universidad, 2 por los sindicatos y otros 2 por las organizaciones empresariales. El PSC propone que el presidente sea elegido por el Parlament, reduce a dos los representantes propuestos por la Generalitat y a seis los miembros de las juntas de gobierno, mantiene los representantes de sindicatos y empresarios, y propone un representante para los ayuntamientos y otro para los colegios profesionales. "Respecto a la composición actual de los consejos sociales tan sólo hay un miembro más nombrado por la Generalitat", dice el diputado convergente Pere Mutgè, ponente de la ley, que considera desproporcionada la enmienda a la totalidad presentada por el PSC. Mutgè es optimista sobre el desarrollo del debate que tendrá lugar el jueves en el Parlament e insiste en que ésta es "una ley de país que tiene que contar con el máximo consenso". El diputado convergente apunta que el PSC no ha presentado ninguna enmienda sobre la función que el proyecto atribuye a los consejos sociales y minimiza el efecto de esta enmienda a la totalidad por lo que, en su opinión, son tan sólo "aspectos técnicos" de la ley. El comisionado para universidades, Joan Albaigés, considera que la presencia en los consejos sociales de los representantes municipales o de los colegios profesionales puede solucionarse a través de los puestos que quedan en manos del Parlament, introduciendo enmiendas en la ley que "hagan más explícita la presencia de estos organismos". Junto a la citada propuesta de ley se presenta también la del Consejo Interuniversitario de Cataluña.
