Reducida la fianza a tres acusados por el crimen de El Pont de Bar

Las tres personas encarceladas por el asesinato de Josep Campi, propietario de un restaurante y de un cámping en el complejo de Ardaix, en las afueras de la localidad de El Pont de Bar (Alt Urgell), podrán disfrutar pronto de libertad ya que la Audiencia de Lleida ha acordado rebajarles la fianza, que inicialmente era de 25 millones de pesetas, a un millón. Otros tres inculpados en el crimen eludieron la cárcel tras pagar las elevadas fianzas impuestas en su día por el juez de La Seu. El crimen se produjo la noche del 9 de octubre de 1997, cuando dos encapuchados entraron en el restaurante de Campi, de 42 años, y tras exigirle el dinero de la recaudación del día le dispararon seis tiros en la cabeza y lo remataron a puñaladas. Antes de huir, sin llevarse ningún botín, los atracadores también intentaron asesinar a la hermana de la víctima, Carme Campi, que resultó herida de bala en la cara y en el hombro, y a su madre, María Jordana. Las dos mujeres salvaron la vida porque a los malhechores se les acabó la munición. La Guardia Civil intuyó desde el primer momento que los criminales actuaron por encargo de una persona y sospechó de la esposa del empresario, Carmen Badía, una mujer con antecedentes delictivos que hacía un mes que se había separado legalmente de su marido. Cobrar una herencia La Guardia Civil tardó cinco meses en demostrar que Carmen Badía encargó a dos personas que mataran a su marido para poder heredar, a través de una hija del matrimonio, todos los bienes del difunto, valorados en unos 100 millones de pesetas. El empresario murió sin testar, por lo que su patrimonio pasará a la menor, que ahora tiene un año y medio, si la prueba de ADN solicitada por la abuela demuestra que es hija biológica del fallecido. Junto con Carmen Badía, presunta inductora del crimen, también fueron detenidas otras cinco personas: José Antonio García Justo y José Manuel Cantó González, como presuntos autores materiales, y Vicente Hoyos, José Mesa Villar y Josep Bolló. Este último está acusado de haberle facilitado a la viuda los cinco millones que pagó a los sicarios. De todos los detenidos sólo permanecen en prisión -precisamente por no haber podido pagar la fianza de 25 millones fijada por el juez- Carmen Badía, García Justo y Cantó González. La pasada semana, en una vista de apelación, el fiscal consideró desproporcionada esa cantidad y solicitó que se rebajara a un millón de pesetas. La petición ha sido aceptada por la Audiencia de Lleida, que afirma en un auto que las pruebas contra los inculpados no son concluyentes, por lo que estas tres personas podrán abandonar el centro penitenciario de Ponent, de Lleida, en cuanto abonen la fianza. La acusación particular se opone a esta decisión alegando la gravedad del delito cometido y el peligro de fuga existente.