Los constructores denuncian ante la UE el plan regional que prima el empleo estable

La estrategia del Gobierno regional, del PP, para fomentar la estabilidad en el empleo, disgusta a los empresarios. La patronal madrileña CEIM ya se negó en julio de 1997 a firmar el plan que le propuso el Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón. Más de un año después, la patronal nacional de la construcción (CNC) ha presentado una denuncia ante el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Mario Monti. CNC rechaza que la Comunidad premie en sus concursos a las empresas con más plantilla fija.

Los constructores, según informó ayer el diario Expansión, consideran que esta medida, que aplica el Gobierno madrileño desde hace varios meses, es ilegal, pues, según la Ley de Contratos del Estado y las directivas europeas, no se puede discriminar a las empresas en los concursos públicos por razones sociales. Además, con esta denuncia intentan evitar que otras comunidades autónomas sigan el ejemplo de Madrid sobre contratación de obras públicas.No es la primera vez que surgen estas dudas jurídicas respecto a una medida pactada por el Ejecutivo madrileño y los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en julio de 1997, pero sólo puesta en marcha desde hace varios meses.

El consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, planteó serias discrepancias jurídicas con el plan que había pactado el Gobierno con los sindicatos. Su departamento llegó a elaborar un informe que planteaba la imposibilidad de premiar con más puntos en los concursos públicos a aquellas empresas con mayor porcentaje de contratos indefinidos.

El consejero de Economía, Luis Blázquez, se convirtió entonces en el principal defensor de la medida y, aunque reconoció que podrían existir algunos problemas jurídicos, resaltó la necesidad de primar el empleo indefinido para garantizar mayor calidad en las obras. La teoría de Blázquez era simple: los contratos indefinidos garantizan la experiencia y cualificación de los trabajadores y, por tanto, reducen las posibilidades de accidentes laborales y aseguran un trabajo de alta calidad.

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, optó por la cautela y remitió el texto del plan para fomentar la estabilidad en el empleo al Consejo de Estado para que informase sobre las dudas que habían surgido en su Gobierno.

El Consejo de Estado remitió su dictamen el 12 de junio de este año. Los letrados de esta institución consideraban que la Comunidad de Madrid podría primar, en cada uno de los pliegos de condiciones de los concursos públicos, a las empresas con más plantilla fija. El Consejo de Estado recordaba que la Comunidad de Madrid no podía hacer un decreto general sobre contratación administrativa, pero sí incluir las cláusulas favorables a la contratación indefinida.

Ruiz-Gallardón, con el aval del Consejo de Estado en la mano, aprobó en un Consejo de Gobierno la novedosa iniciativa.

Numerosos recursos

La patronal madrileña CEIM, que rechazó estas medidas y llegó a vaticinar la presentación de numerosos recursos de las empresas privadas, evitó emprender acciones legales contra el Ejecutivo regional. En su lugar, lo ha hecho la patronal nacional de la construcción.Alberto Ruiz-Gallardón "no se siente preocupado" ante la denuncia de los constructores contra su política de empleo estable. "Las dudas jurídicas ya se despejaron con el informe encargado al Consejo de Estado. Por eso el Gobierno mantiene que las medidas son legales", señalaron ayer fuentes próximas al presidente regional.

"En su día", indicaron estas mismas fuentes, "los sindicatos criticaron al Ejecutivo y denunciaron que no tenía ninguna voluntad de aplicar el plan de empleo estable. Ahora se demuestra que la voluntad era absoluta. Y los que protestan son otros".

Rodolfo Benito, secretario general de Comisiones Obreras, consideró ayer "una salida de pata banco" la denuncia presentada por la patronal de la construcción. "Cometen un grave error al oponerse a una política de estabilidad en el empleo que redunda en la reducción de los accidentes laborales", señaló. "Además, lo que más duele a los empresarios es que el plan firmado con el Ejecutivo regional también castiga las subcontrataciones, un instrumento al que recurren con insistencia las empresas constructoras".

Comisiones Obreras cree que la denuncia presentada ante la Unión Europea por las empresas del sector de la construcción no tienen "ningún viso de prosperar". "Ya se consultó en su día al Consejo de Estado y éste avaló la legalidad de la medida. Es garantía suficiente de que primar a las empresas con más plantilla fija en los concursos públicos no es ilegal", explicó Benito. Este periódico intentó conocer ayer, sin éxito, la opinión de los sindicalistas de la Unión General de Trabajadores.