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Tribuna:DEBATE SOBRE EL MERCADO ENERGÉTICO

Las empresas eléctricas impulsan la competencia

El autor analiza las condiciones de la liberalización del mercado eléctrico y sostiene que la compensación a las compañías del sector por "costes ocultos" es una reparación a la que tienen derecho, igual que sucedió en el caso de la moratoria nuclear

Desde que en diciembre de 1996 se firmó el Protocolo eléctrico, el Gobierno Español y las empresas eléctricas vienen impulsando un profundo proceso de liberalización del sector que se ha plasmado en la Ley del Sector Eléctrico de 27 de noviembre de 1997. Los contenidos liberalizadores de la nueva ley y el vivo ritmo de cambio que imponen sitúan la legislación española entre las más avanzadas de Europa, de forma que en un periodo inferior a 10 años se habrá cumplido el ambicioso objetivo de conseguir en nuestro país la plena competencia en el suministro y comercialización de energía eléctrica.La transición, sin embargo, desde un sistema regulado hacia otro de alta competición implica elevados costes y graves sacrificios que son ineludibles para unas empresas cuya actividad estaba concebida en un marco radicalmente diferente de actuación, por lo que su aptitud para lograr la liberalización estará condicionada a la percepción de los llamados con acierto "Costes de Transición a la Competencia" (CTC). Nadie discute que dichos costes deben ser cubiertos por el sistema a lo largo del periodo transitorio establecido de 10 años. Pero lo cierto es que, con ocasión del nuevo impulso otorgado a la liberalización eléctrica en los recientes acuerdos entre el Ministerio de Industria y las empresas del sector, han surgido algunas opiniones discrepantes respecto a la posibilidad de recuperar parte de los CTC mediante un proceso de titulización. En este sentido, cabría realizar algunas reflexiones tanto sobre el concepto y la cuantía de los CTC como sobre la conveniencia de su titulización.

Parece oportuno recordar que el fundamento de los CTC descansa en la justa necesidad de compensar a las empresas por el perjuicio económico derivado del cambio en el régimen regulatorio. Si bien es cierto que, según nuestras leyes, la Administración Pública conserva la potestad de modificar la regulación de los servicios que están sometidos a tarifa regulada, igualmente lo es su obligación de indemnizar a los agentes afectados por una variación sustancial de las condiciones económicas en las que prestaban dichos servicios, estableciendo así una lógica ecuación financiera entre ambas partes. Éste es precisamente el caso de la Ley del Sector Eléctrico y, por ello, los CTC han de concebirse como un derecho adquirido por las empresas eléctricas y, en ningún caso, como una ayuda que necesiten para sobrevivir en un entorno de competencia. Recuérdese al respecto que la situación de equilibrio Administración-empresas estaba hasta ahora sólidamente fundada en el llamado Marco Legal Estable, conforme al cual se garantizaba a las compañías la plena recuperación de sus inversiones.

En el acuerdo del pasado mes de septiembre, realizado conforme a lo previsto en el Protocolo Eléctrico, el Ministerio de Industria y las compañías eléctricas (las partes del protocolo) proponen un grado de liberalización del sector y una senda de reducción de tarifas para los próximos años más importantes que las establecidas con anterioridad. Pero, a cambio de ello y con el objetivo de garantizar la competitividad de las empresas y la defensa de los intereses de sus accionistas, se propone movilizar el cobro de una parte significativa de los CTC, cuyo derecho la ley reconoce a las compañías del sector. En este sentido, se contempla la posibilidad de titulizar una parte de dichos CTC (en torno a un billón de pesetas), previa renuncia de las empresas eléctricas a una cantidad superior a los 250.000 millones de pesetas y manteniendo un importe por encima de los 300.000 millones de pesetas sujeto al anterior sistema de diferencias. Con el mecanismo de la titulización se pretende afianzar la certidumbre en el cobro de esta parte de los CTC y crear un clima de mayor seguridad empresarial. La titulización propuesta no supone ningún coste adicional al sistema, ni tampoco un recargo en las tarifas ni desembolso inicial alguno, ya que las cantidades que obtienen las compañías eléctricas provienen de una emisión de bonos y préstamos colocada entre los ahorradores interesados en suscribirla. Además, el proceso de titulización -un versátil instrumento financiero ampliamente utilizado en los principales mercados del mundo- inyectará un importante volumen de fondos a nuestros mercados, contribuyendo a aliviar las tensiones acrecentadas por la crisis financiera internacional.

A propósito de la polémica suscitada por esta propuesta, convendría realizar algunas puntualizaciones. En primer lugar, se ha aludido al supuesto "secretismo" con el que se han llevado a cabo las discusiones que han dado lugar al mencionado acuerdo entre ministerio y compañías eléctricas. Me permito recordar que, de la misma forma que el Protocolo Eléctrico sentó las bases para el desarrollo de un nuevo marco regulatorio, pero que fue finalmente el Parlamento quien elaboró la Ley Eléctrica, en el caso presente la Administración y las empresas solamente han trazado las grandes directrices de un desarrollo normativo, que el Parlamento puede modificar como considere conveniente, aunque, claro está, manteniendo los derechos adquiridos por las empresas y, en definitiva, respetando la ecuación financiera que a éstas les corresponde.

Por otra parte, se ha cuestionado la cuantía de los CTC objeto de la titulización argumentándose que, a fecha de hoy, no se puede saber con certeza cuál es la cifra razonable de CTC que finalmente se recuperaría en función de las distintas variables del mercado de producción eléctrica. Aunque esto es verdad, también lo es que la cifra propuesta para la titulización (en torno a un billón de pesetas) se ha calculado de acuerdo con estimaciones basadas en la experiencia de los primeros meses de funcionamiento del mercado y que dicha cifra es significativamente inferior a la consignada en la ley (casi dos billones de pesetas), ofreciendo, por tanto, un amplio margen de seguridad. Si se aduce que la cantidad susceptible de titulizar es excesiva, se está suponiendo una grave falta de competencia al legislador, ya que, en definitiva, se estaría sugiriendo que, a la hora de fijar en la ley el importe máximo a recuperar por CTC, se hacía con el convencimiento de que el mercado iba a hacer finalmente imposible la recuperación de casi el 50% de dicho importe. Y ni siquiera estamos hablando de un favor gratuito que reciben las empresas, sino de una mayor certidumbre en una parte de las percepciones que se les deben, por la que se está dispuesto a renunciar a la "friolera" de 250.000 millones de pesetas.

Quienes ponen dificultades a la titulización quizás olvidan que este mecanismo ya se ha empleado con éxito en el sector eléctrico español con motivo de la moratoria nuclear, en una operación que presenta un notable parecido con la de los CTC. En ambos casos, se trata de la titulización de unos derechos de cobro de las empresas eléctricas derivados de decisiones regulatorias que impiden la recuperación de inversiones previamente realizadas. En el proceso actual, sin embargo, ni siquiera se va a otorgar la garantía del Estado, al contrario de lo que se hizo con la titulización de la moratoria nuclear, lo que supone mayores costes y riesgos para las empresas eléctricas. Parece, pues, sorprendente que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) no se opusiera entonces a la titulización de la moratoria nuclear, mientras que desaconseja ahora la titulización de una parte de los CTC.

De hecho, la CNSE señala en alguno de los documentos que recientemente ha hecho públicos que, con la titulización de parte de los CTC, el Gobierno se queda sin instrumentos para introducir competencia en el sector eléctrico. Esta afirmación refleja una actitud ciertamente preocupante ya que muestra que, para la CNSE, el mecanismo de recuperación de los CTC previsto en la Ley del Sector Eléctrico es un instrumento para forzar a las empresas eléctricas a asumir crecientes niveles de competencia. Mi interpretación es radicalmente distinta. Los CTC constituyen un derecho legítimo de las compañías eléctricas derivado de la modificación del marco regulatorio del sector. Las formas de introducir competencia tienen más que ver con aspectos como la reducción en los límites que determinan si un cliente puede o no elegir suministrador, la bajada en las tarifas de acceso o el favorecer intercambios internacionales. Y son precisamente este tipo de medidas las que van a experimentar un extraordinario impulso en virtud del reciente acuerdo entre empresas y ministerio, tan arriesgado para aquéllas. La titulización -que es condición para que las empresas eléctricas puedan acometer con eficacia estos procesos- se convierte de esta forma en un factor que acelera la liberalización e intensifica el ritmo de reducción de los precios eléctricos al eliminarse "costes de incertidumbre".

Causa extrañeza la actitud de inusual beligerancia que la CNSE está adoptando contra el presente marco regulatorio que, en opinión de todos los expertos independientes nacionales e internacionales, sitúa a España en la vanguardia de la liberalización eléctrica. Esta situación conduce a un contraste entre el rigor y la demagogia: el rigor de quienes impulsamos un sistema libre y eficiente, y la demagogia de quienes sueñan en una electricidad sin precios.

En esta línea de fortalecer la competencia en el sector nos hemos movido las compañías eléctricas españolas, apostando claramente por una creciente liberalización que nos ha exigido importantes sacrificios. Es de justicia recordar que nuestras empresas han accedido a una reducción significativa de los CTC (más de un billón de pesetas si incluimos el 32,5% de rebaja que se pactó en el protocolo), han visto caer sus tarifas por encima del 10% en términos reales durante los ejercicios de 1997 y 1998 -una tendencia que proseguirá los próximos años- y han aceptado un calendario de apertura más agresivo que el propuesto en la Directiva Comunitaria, porque, como empresarios que somos, contemplamos la liberalización del sector más como una fuente de oportunidades que como una amenaza.

A lo largo de una brillante historia casi secular hemos sido capaces de construir un sistema eléctrico de primera calidad a nivel mundial, con excelente tecnología, equilibrada diversificación de fuentes primarias de aprovisionamiento y elevada capacidad de personal y de gestión. En la actualidad, formando parte del grupo de cabecera de las grandes empresas españolas -por cierto un grupo no muy abundante- nos venimos preparando para la competencia con sustanciales avances en innovación tecnológica, reducción de costes, calidad de gestión y saneamiento financiero. Estamos, además, diversificando nuestras actividades en España, invirtiendo en negocios que ofrecen excelentes oportunidades de expansión y a los que creemos poder aportar valor. Y, en fin, estamos desarrollando nuestra actividad en otros países, con evidente éxito en el medio y largo plazo y en dura competencia con los principales operadores del mundo.

Creemos en el proceso liberalizador porque, además de beneficiar a los consumidores y a la economía en su conjunto, beneficia a las propias compañías en la medida que refuerza la eficiencia empresarial. Continuamos trabajando para defender los intereses de nuestros accionistas -entre los que se encuentran millones de ahorradores españoles que creen firmemente en nuestro proyecto- para actuar al servicio de nuestros clientes, que cada vez son más y en más países, a los que procuramos ofrecer cada día mayor calidad y mejores precios. Nuestros equipos humanos están integrados por excelentes profesionales, adecuadamente preparados para los desafíos del nuevo entorno competitivo con el que entraremos en el nuevo milenio. Estamos, en definitiva, impulsando audazmente la competencia de nuestro sector y confiamos por ello en obtener un justo apoyo y reconocimiento.

José María Amusátegui de la Cierva preside la asociación eléctrica Unesa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de noviembre de 1998

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