El Gobierno y los municipios revisarán en cuatro años la seguridad de todos los locales recreativos

La tragedia ocurrida el pasado viernes en la discoteca sueca de Gotemburgo, que ha costado la vida a más de sesenta personas, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: ¿Disponen los establecimientos de ocio de unas medidas de seguridad y unos planes de emergencia en regla? ¿Las instituciones someten a estos locales a revisiones posteriores? Este accidente ha coincidido con la puesta en marcha de un ambicioso plan del Gobierno y de los ayuntamientos para revisar la seguridad de los locales e instalaciones dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas de Euskadi.

El plan comprende la inspección y comprobación de casi 18.000 establecimientos públicos y abarca desde locales de hostelería, hasta cines, palacios de congresos, recintos feriales, museos o los espacios deportivos de gran aforo. La supervisión finalizará en octubre del 2002. El Ejecutivo se encargará de revisar los locales que tienen un aforo superior a las 700 personas -410 en todo Euskadi- y los ayuntamientos del resto. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobada por el Parlamento en noviembre de 1995, prevé la aprobación de un plan general de inspecciones. Así, Gobierno y ayuntamientos han consensuado durante los últimos meses las características del proyecto en el seno del Consejo Vasco de Espectáculos Públicos -compuesto de forma paritaria por ambas instituciones- y desde el pasado 1 de octubre lo han activado. El plan exige cuerpos de inspectores cualificados. Los municipios importantes disponen de este personal; para los que no lo tienen, el Gobierno ha consignado una partida de 40 millones de pesetas con la que se subvencionará la contratación de empresas ajenas para que realicen las inspecciones. El Gobierno, por su parte, carece de un servicio propio de inspección, por lo que ha adjudicado a dos empresas las revisiones que requieran una capacitación técnica; por ejemplo, la comprobación de la robustez de la estructura de un frontón. Los aspectos de la seguridad de los locales que se verificarán son las vías de evacuación, la solidez estructural, las medidas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y la existencia de un plan de emergencia del local y su posible mejora. Además, se comprobará también la adecuación del recinto a la licencia municipal, la insonorización y si se dispone de los seguros de responsabilidad civil correspondientes. Prioridades Las prioridades de revisión de los locales se fijarán en función de parámetros como la titularidad, el aforo, la actividad y la antigüedad. Así, los locales de titularidad pública, los que tengan más aforo, los más antiguos y los que más se utilicen serán los primeros en pasar la inspección. El plan de inspección se realizará en cuatro fases, una por cada año de vigencia del programa. La primera se inició el pasado 1 de octubre y durará hasta el mismo mes del año que viene. Durante este tiempo, los ayuntamientos tendrán que revisar todos los locales de titularidad pública con un aforo de hasta 700 personas y los de titularidad privada que tengan una capacidad entre 300 y 700 personas. Mientras, el Gobierno, a través del Departamento de Interior, se encargará de las instalaciones con un aforo superior a las 3.000 personas. En esta primera fase, los ayuntamientos habrán revisado el 3% de los locales que les corresponden y el Gobierno, el 7,6%. Los ayuntamientos culminarán en la segunda fase la supervisión del 22,6% de los establecimientos y el Ejecutivo, del 25,9%. Sentados en un polvorín El director de Juego y Espectáculos del Gobierno, Alberto Sanz, es el principal responsable de que el plan culmine con éxito. Según Sanz, la revisión va a permitir llegar al año 2002 con una fotografía fiel de cuál es la situación de seguridad de cada uno de los locales. "Cada administración irá tomando las medidas oportunas en función de las inspecciones. El plan supone la prolongación del esfuerzo que han realizado durante estos años el Gobierno y los ayuntamientos para concienciar a los dueños de los locales de lo importante que es la seguridad para evitar cualquier tipo de peligro", señala. En esta línea, el director de Juego y Espectáculos entiende que hay que invertir lo que haga falta para que los ciudadanos acudan a los locales de ocio con la mayor tranquilidad posible. "No queremos que los establecimientos nos vean como el palo que pende sobre ellos. Nuestro interés es pedagógico: enseñar y concienciar. Sólo cuando, tras varios requerimientos, no se hace nada por corregir una irregularidad, optamos por el cierre", enfatiza. Desde el departamento se organizan con cierta periodicidad cursillos para titulares de casinos, bingos, salas de fiestas y discotecas sobre cómo utilizar las medidas de seguridad. "Algunos no saben usar un extintor", indica con preocupación. Sanz lleva dos legislaturas al frente de la Dirección de Juego y Espectáculos, dependiente del Departamento de Interior que dirige Juan María Atutxa (PNV). Cuando en 1991 accedió al cargo constató que la seguridad de los locales no era una prioridad ni de los dueños ni de las instituciones. "Estamos sentados en un polvorín", sentenció después de que el Gobierno inspeccionara 450 salas de fiestas, discotecas, cines, teatros y recintos deportivos entre 1991 y 1992 y comprobara que más del 90% presentaba deficiencias en materia de seguridad. Muchas de esas deficiencias eran de carácter estructural. Sólo una razón explica en opinión de Sanz esa calamitosa situación: la dejación de las autoridades y de los dueños de los establecimientos. "Existía un abandono de décadas en materia de seguridad", apunta. Aunque antes de 1995 no existía una normativa vasca de seguridad, sí que había disposiciones de carácter estatal.