Operación ruina

Todo empezó hace 400 años: un feligrés piadoso y rico de Fuencarral regaló al cura de su pueblo un pedazo de tierra a cambio de que rezara por él eternamente. Aquella antigua donación constituye ahora parte de un gran solar oculto tras una tapia en la plaza de Castilla, convertido en el epicentro de una operación urbanística a gran escala y fracasada de manera extraña. Un galimatías alimentado de ambición, millones, orgullo y muchos refranes. Los ingredientes son explosivos: un presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, dispuesto a erigir en el solar un Palacio de Justicia y un rascacielos; 30 herederos, no del cura, sino de quien fuera el dueño de la tierra en los años veinte, deseosos de ganar una millonada con los planes de la Comunidad; una constructora, Ferrovial, que se mete por medio con la intención de arañar algo y que tienta a los descendientes con más dinero, y un arzobispado que también ha reclamado su parte. Al final, no se levantará el palacio ni se repartirán millones. Primer refrán: "Entre todos la mataron y ella sola se murió".A finales de los años veinte, el Canal de Isabel II instala sus depósitos en 60.000 metros cuadrados y seis campos de fútbol en esta plaza al norte de la ciudad. Para ello, expropia el suelo a sus propietarios: el bisabuelo de los actuales herederos y el arzobispado, que conservaba, sin saberlo, la parcela legada por el primer propietario y especulador de la zona, el feligrés que entregó terrenos para salvar su alma.

El tiempo volvió inútiles las instalaciones del Canal, que ahora sólo sirven para bombear agua en caso de emergencia a un pequeño barrio de Arturo Soria. Los ojos de los que saben de urbanismo se clavaron golosos en esos 60.000 metros cuadrados inservibles en una de las entradas más nobles de la capital. Pero la Comunidad, que gestiona el Canal, advirtió: "alto ahí, el suelo es mío y sólo se podrá edificar si yo lo permito"; los herederos añadieron: "si usted lo vende, nos corresponde una parte de la tarta, ya que la expropiación, forzosa, se debió al uso público del terreno, y si ese uso cambia, tenemos derecho a una indemnización". En la jerga legal: derecho de reversión.

El 16 de octubre, Ruiz-Gallardón anuncia solemnemente que el terreno acogerá en los próximos años un Palacio de Justicia. Y añade que, tras un año entero de reuniones, los herederos están de acuerdo en recibir 2.500 millones por renunciar para siempre a la tierra de su bisabuelo. Para pagar el palacio y a los reversionistas (los herederos), el Gobierno regional venderá por 9.000 millones una parte del suelo (5.000 metros cuadrados) a Repsol, que levantará un rascacielos. El solar dejaba de estar prisionero de su antiguo uso.

No todos los herederos, la mayoría de clase media alta, se jugaban lo mismo: una parte de la famila, afincada en Barcelona, compuesta por dos hermanos, Carmen y Jaime Suriñat, y la esposa del padre de éstos, Rosa Benet, reúnen casi el 50% de todo el terreno, y por tanto, casi el 50% de los prometidos 2.500 millones. El árbol genealógico de la otra parte de la famila, la madrileña, mucho más frondoso, obligaba a un reparto menos suculento. "Un pariente madrileño legó los derechos a 20 primos, con lo que el número se disparó", explica Luis Medrano, uno de los abogados que llevaban el caso.

Todo parecía marchar sobre ruedas, pero el 21 de septiembre saltaba a la prensa que los herederos llevaban meses negociando con Ferrovial y que cuatro de ellos, que reunían un 10% del suelo, según la Comunidad, habían vendido a esta empresa sus derechos de reversión. La constructora ofrecía por el total 400 millones más que el Gobierno regional si la operación salía bien y 40 millones a fondo perdido. Las intenciones de la empresa, no confesadas por ésta, según fuentes cercanas a los herederos, era hacerse con todo el paquete para construir el rascacielos. La de los herederos, ganar más. A primera vista, un caso más de oferta y demanda; pero las mismas fuentes aseguran que, desde ese momento, Ruiz-Gallardón se desilusionó: la opinión pública no entendería muy bien que la Comunidad regateara por unos terrenos, por muy Palacio de Justicia que se quisiera levantar encima.

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, aseguró que no consentiría "la especulación" y lanzó un ultimátum: emplazó a todos los dueños de los derechos el 28 de octubre para firmar el convenio por los 2.500 millones. O venían todos, o rompía la baraja. Se construiría un parque y los descendientes verían cómo se esfumaban sus millones, ya que el suelo seguiría teniendo un uso público.

Llegó el día definitivo. Un puñado de herederos de un bisabuelo terrateniente iba a decidir el futuro de un esquinazo enorme de la plaza de Castilla. Jordi Fullat, abogado de la parte catalana, asegura que a la hora fijada, las cinco de la tarde, se encontraban en la notaría todos los reversionistas o sus representantes, a excepción de una señora de Huesca con una participación ínfima, con el bolígrafo preparado para dejar zanjada la cuestión. Ferrovial también estaba de acuerdo. Acudió hasta un despabilado que reclamaba, sin papeles, la parte del arzobispado. Pero el letrado catalán se olfateaba algo oscuro: "Nos avisaron precipitadamente, sin explicaciones, yo tuve que ir desde Barcelona de repente, como si la Comunidad ya no quisiera sacar eso adelante. Es más: los sus representantes se fueron muy rápido, diciendo que había una rueda de prensa de Cortés".

Era cierto. A las siete de la tarde, el consejero de Obras Públicas aseguraba que todo se iba al traste, que los niños de la plaza de Castilla jugarían en un parque nuevo y que sólo habían acudido a la cita un grupo de reversionistas con un 40% del suelo. Cortés, a la hora de recordar a los herederos y las ofertas suculentas de Ferrovial, pronunció el segundo refrán de esta historia: "Más vale pájaro en mano que ciento volando". Un colaborador de alguno de los reversionistas replicaba el viernes que era "humano y legítimo" atender otras proposiciones, y remató con el cuarto refrán del cuento: "En mi hambre mando yo". Fullat ha reconocido que la irrupción de Ferrovial "ha perjudicado la operación porque se ha liado todo". El abogado catalán apeló el viernes al sentido común para que todo se enderece. "Estamos dispuestos a volver para firmar por los 2.500 millones, ha habido muchos malentendidos en esta historia, y que conste que, si se hace el parque, también tenemos derecho a indemnización, pero ahora se trata de arreglar el asunto". Y para demostrarlo, Fullat recurrió a la quinta frase hecha del embrollo: "Volveremos, como se dice en Cataluña, con el cirio en la mano" (de forma sumisa y pacífica).

A todo esto, ¿qué pasó con el arzobispado? Hasta ahora, se ha limitado a enviar a la Comunidad una carta en la que, con ambigüedad, advierte de que se le "tenga en cuenta en el expediente". Esto ocurrió después de que el abogado Luis Medrado acudiera hace meses a explicar a los religiosos que un parroquiano les había legado, 400 años atrás, el 10% de un solar por el que cualquier tiburón financiero mataría. Aquel día, el representante del arzobispado que habló con Medrano, para explicar las pocas ganas que tenía la Iglesia de meterse en pleitos, pronunció una frase que, aunque no es refrán, ahora se vuelve premonitoria: "Si hemos esperado 400 años, bien podremos esperar 400 más".