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PROCESO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO

Aznar no exigirá a ETA entregar las armas

El Gobierno perfila una negociación basada parcialmente en el precedente de ETA político-militar

El Gobierno diseña estos días su estrategia para iniciar el proceso de negociación con ETA propiciado por la tregua de la banda terrrorista. El precedente de ETA político-militar está sobre la mesa y el Ejecutivo del PP se plantea no exigir a la banda la entrega de las armas, pero sí el abandono definitivo de la violencia. La liberación de los presos etarras y la compensación a sus victimas son puntos esenciales en el proceso de paz. El Estado asumirá el pago a éstas de los miles de millones que les deben los presos como consecuencia de la responsabilidad civil fijada por los tribunales en sentencias condenatorias. Aún está por determinar quienes serán los interlocutores de ambas partes

El Gobierno de José María Aznar no exigirá a ETA la entrega de las armas, pero sí el abandono de la violencia. El Ejecutivo sostiene oficialmente que no mantiene contactos con la organización armada, pero ya está diseñando una estrategia para iniciar un proceso negociador a la espera de que ETA ofrezca un "elemento añadido" que haga creíble que su abandono de las armas es definitivo.El Ejecutivo no seguirá el modelo de paz irlandés, aunque le consta que es una referencia para ETA y EH. Para él existen otras referencias: un marco establecido por los puntos 9 y 10 del Pacto de Ajuria Enea, que fija las condiciones en que puede producirse la negociación entre el Gobierno y ETA, y una experiencia negociadora, la que culminó con la autodisolución de ETA político-militar el 30 de septiembre de 1982.

El Gobierno cree que, salvando las diferencias entre aquella organización y la actual, puede aprovecharse mucho de ese precedente histórico. Por ejemplo, y no es el aspecto más relevante, el Gobierno de UCD no exigió a ETA político-militar la entrega de las armas.

El Ejecutivo del PP estima que el primer paso -una vez que ETA ofrezca la esperada señal definitiva de que abandona la violencia- es abrir unas "conversaciones previas" con alguna representación de la organización armada para "abordar todo lo que tiene relevancia".

¿Quién será el interlocutor que represente a la banda? El Gobierno guarda total hermetismo, pero las continuas alusiones de sus portavoces a la responsabilidad que ha adquirido el líder de Euskal Herritarrok (EH), Arnaldo Otegi, en el entorno de la organización tras su importante avance electoral apunta hacia cuáles son los deseos del Ejecutivo.

El enorme vacío de liderazgo existente en el disperso mundo de la izquierda abertzale aparece ahora cubierto por Otegi. En el caso de ETA político-militar, las "conversaciones previas", alargadas durante más de un año, corrieron a cargo de Juan María Bandrés y Mario Onaindía, entonces dirigentes de Euskadiko Ezkerra (considerado el brazo político de la organización armada), y el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón.

El aspecto clave de la negociación para el Gobierno del PP es ahora, como lo fue para el de la UCD y después para el del PSOE -que respetó los pactos de sus antecesores- la búsqueda de una salida a los presos y exiliados de la banda terrorista. Es ahí donde la experiencia del precedente de ETA político-militar juega un papel relevante. El Gobierno tendrá que abrir conversaciones con el Consejo General del Poder Judicial, con las Fuerzas de Seguridad y con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para fijar la liberación de presos en función de sus condenas, el sobreseimiento de sumarios, y el pago de indemnizaciones a las víctimas, entre otros asuntos esenciales.

En el caso de ETA político-militar el proceso negociador se alargó algo más de dos años. No obstante, el Gobierno sabe que hay una diferencia importante entre aquella y la actual ETA. La primera aceptó el Estatuto de Gernika, con lo que facilitó el proceso en el terreno político. Sus dirigentes pactaron el acatamiento público de las instituciones autonómicas vascas a cambio de conseguir la reinserción de su militancia presa o exiliada.

El rechazo de la actual ETA del marco estatutario complica el aspecto político de la negociación, aunque el líder de EH está introduciendo en sus intervenciones más recientes algunos matices. Acepta, por ejemplo, la institucionalización a escala de ayuntamientos y diputaciones de modo más comprometido que en el pasado.

El rechazo del marco estatutario obliga al Gobierno y a los partidos democráticos a tratar de encontrar un "incentivo político" para integrar en la vida democrática a ETA y EH y terminar de consolidar el proceso de paz. Es ahí donde jugará un papel la mesa de partidos que Juan José Ibarretxe, virtual lehendakari, anunció durante la campaña electoral vasca que convocaría si era investido como presidente del Ejecutivo autónomo.

El Gobierno de Aznar no está dispuesto a que ese incentivo aparezca como una cesión a ETA por el fin de la violencia. El presidente del Gobierno ya anunció que la paz no tendrá un precio político. Sólo sería posible tal incentivo si se presentase como un acuerdo entre los partidos democráticos. Y para ello es indispensable el concurso de todos, especialmente del PNV, como primer partido vasco, y del PSOE como primer partido de la oposición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de noviembre de 1998