Jaque a los "asustaviejas"

Un tipo enchaquetado y siniestro quiso poner en la calle a E. C. M, de 76 años. Viuda de un destajista de la construcción, tenía una pensión "cortita" y una casa de una habitación con un cuarto de baño, una cocina y un recibidor con jaula de canario que comparte tabique con el corredor comunitario de la finca de la calle Vea Murguía y que hace las veces de salón. Una renta antigua -4.500 pesetas- y un nuevo propietario de la finca marcaban, hace dos años, el destino de los 12 vecinos del edificio. El nuevo casero, que había adquirido el inmueble a bajo precio, dado que la transacción incluía a los inquilinos, -"siempre es el mismo", dicen los vecinos- citó a los arrendatarios en el patio y les comunicó su intención de vender los pisos. Hasta tres millones de pesetas por un partidito ilegal construido en la azotea, sin luz, ni agua corriente. Y sin canario. Los inquilinos se negaron a comprar y esgrimieron sus contratos indefinidos, lo que les avala legalmente para permanecer en la vivienda. Les avala sólo legalmente. A partir de ahí comenzó un proceso "para aburrirnos", recuerda E. C. M. Primero, el tipo del traje y la corbata llamaba a cada puerta a todas horas para reiterar la oferta de compra de su jefe, que si llegara a vaciar la finca de vecinos, la rehabilitaría y la pondría en el mercado con sustanciosos beneficios asegurados. Después llegaron las amenazas sutiles, las citaciones en el despacho de la empresa y, al final, los juzgados. Acusaban a los vecinos de no pagar los recibos de alquiler. Estos presentaron ante el juez hasta cinco giros devueltos a propósito por el destinatario. Hoy, tres años después, sólo quedan dos de los antiguos vecinos de la finca. Algunos aceptaron 300.000 pesetas por irse, otros se marcharon a casas de sus hijos. En su mayoría son señoras de avanzada edad y de escasa formación. En Cádiz, a los ejecutores de estas operaciones de acoso les llaman asustaviejas. "Juegan con las mujeres mayores; las amenazan, las asustan y les dicen que se van a ir a la calle en menos de un mes. Yo he visto a muchas llorar como niñas y acabar destrozadas de los nervios". Aurora de la Rosa es la presidenta de la Asociación de vecinos del Mentidero, y dice que de dos o tres meses para acá el barrio "se ha convertido en un caos". No saben qué ocurre, pero la actividad de los asustaviejas es incesante. "Lo que tienen que saber es que las cosas han cambiado y que estamos todos juntos en este barco y vamos a actuar como una sola persona cuando se metan con los arrendatarios". El problema no es nuevo en el casco antiguo. Entre la calle Sacramento y el Campo del Sur se localiza el meollo. Es el laberinto de barrios populares en peores condiciones. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), ha dictado un bando esta semana brindando el asesoramiento legal y técnico del Ayuntamiento a los ciudadanos afectados. "Hemos tenido conocimiento de actuaciones de dudosa legalidad que se vienen llevando a cabo por ciertas personas que, con intereses meramente especulativo, pretenden la compra de viviendas en el casco antiguo con métodos reprobables para lograr el desalojo de los inquilinos ocupantes de las mismas", reza el bando. "No vamos en broma", declara la alcaldesa y añade: "Éste es un aviso para navegantes, para que no se aprovechen de las personas más vulnerables". La alcaldesa asevera que ha sido necesario "poner pie en pared" porque se trata de las mismas personas "que durante años se han negado a rehabilitar sus viviendas y han permitido que siguiera existiendo la infravivienda". Las primeras acciones de los asustaviejas datan de principios de los noventa. Años después, un dirigente vecinal, José María Chaparro, fue llevado a los tribunales por un empresario gaditano que se sintió aludido por su denuncia, aunque no citó nombre ni direcciones. La justicia archivó el caso. Los afectados dicen que en todo esto "hay detrás una persona de Madrid, alguien muy conocido que es quien controla", aunque nadie da nombres. Para el grupo municipal de Nueva Izquierda, que fue el que instó al Ayuntamiento a intervenir en el asunto, la única posibilidad de solucionar el problema consiste en que el municipio empiece a comprar fincas y a rehabilitar el casco manzana a manzana. "Hay que repercutir sobre el propietario las reformas y trazar una política integral decidida, con consignación presupuestaria suficiente, no con simples declaraciones", afirma Fernando Santiago, su portavoz.