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La preposición denota la relación entre dos términos y cuando la pluralidad de éstos es abigarrada y sus respectivas posiciones complejas el matiz que su recta comprensión y consiguiente combinación exige pasa, en gran medida, por el uso que de las preposiciones se haga. Tal es el caso de la situación política vasca tras las últimas elecciones. Unas elecciones en las que, salvo partidos marginales, todos pueden sentirse legitimados, más para acordar que para imponer o impedir.Por de pronto, es preciso distinguir y acotar las relaciones ENTRE las fuerzas políticas vascas para formar un Gobierno. Ya minoritario, con apoyo externo, ya tri o incluso tetrapartito. Sin duda, ese Gobierno tendrá que administrar y para eso suele ser conveniente programa y estabilidad. Pero, por importante que eso sea, lo es aún más el hecho de que ese Gobierno, a más de gestionar, ha de pilotar el consenso de las fuerzas políticas vascas, no sólo en torno al proceso de paz en curso, sino a lo que se separa conceptualmente del mismo, pero ha de seguirle intencionalmente como el blanco a la flecha: el "arreglo" político-constitucional pendiente. Ese arreglo pasa por la voluntad mayoritaria de los vascos, que se ha pronunciado en términos nacionalistas -basta contar los votos, los porcentajes y los escaños-; pero no se conseguirá si no se consensúa entre todas las fuerzas políticas vascas, incluidas las no nacionalistas; y ese consenso imprescindible no será fácil si los pactos de gobierno, que debieran ser más de confianza que de poder, se hacen contra alguien o, al menos, excluyendo a alguien significativo. No todo el mundo tiene que gobernar, pero nadie debe sentirse antagonizado por el Gobierno.

Pero el "arreglo" de la cuestión vasca requiere, además del consenso entre los propios vascos, un acuerdo entre las fuerzas e instituciones políticas del Estado todo. Lo que se denomina un pacto DE Estado en el que participan y del que se corresponsabilizan todos. Que por ello nadie puede capitalizar en exclusiva. Pero que nadie va a impugnar. Ésa es la figura adecuada para crear y criar instituciones con vocación de permanencia y estabilidad. Así se hizo la Constitución y así habrá que hacer lo que en el proceso constituyente quedó pendiente: el reconocimiento de lo que es una identidad política diferente, pero no necesariamente excluyente. Ese Pacto no puede alcanzarse, como fue el caso del último Concierto, al hilo de una premura parlamentaria y en virtud de un acuerdo bilateral. En beneficio de todos, en Vitoria y en Madrid, debe hacerse con la contribución de todos.

Un Pacto de Estado, porque su objetivo es determinar la relación singular de Euskal Herria CON el Estado y ésas son palabras mayores; tan graves como necesarias. El deseado por todos y por tantos temido fin de la violencia ha puesto sobre la mesa una cuestión largo tiempo pendiente y, por ello, con más o menos acierto, se ha dado a estas elecciones autonómicas una trascendencia constituyente.

El pueblo vasco, desde los inicios del Estado constitucional en 1812 y 1820 hasta su culminación en 1978, ha hecho salvedad de su propia identidad. Se ha autoafirmado mayoritariamente como un pueblo distinto, lo cual no significa, necesariamente, ajeno. Espartero, Cánovas y Franco se lo negaron por un derecho de guerra, a todas luces indiscutible, pero que, a la altura de nuestro tiempo, no sirve para fundamentar la invocación del principio democrático, que es en el que se basa nuestra convivencia constitucional. En consecuencia, es preciso recurrir al principio de pacto. Un pacto al que no se llega sino pactando desde el principio.