El Consejo Consultivo desautoriza la ley de Publicidad de la Junta
El Consejo Consultivo ha recomendado al Gobierno andaluz que modifique una parte del proyecto de ley de Publicidad Institucional por entender que la comunidad "carece de competencias para regular la actividad de otras administraciones autonómicas o de la Administración estatal en relación con cualquier tipo de procesos electorales", según se afirma en el dictamen emitido por el órgano de control de legalidad del Ejecutivo autónomo. La Junta pretende extender la prohibíción de ciertas campañas publicitarias en elecciones a la Administración del Estado.
La parte que debe de ser cambiada se refiere a la que prohíbe a todas las Administraciones públicas emitir campañas de publicidad sobre "los proyectos, las realizaciones o logros en la gestión pública" desde el día de la convocatoria de las elecciones hasta la fecha de su celebración (unos dos meses). La ley que el Gobierno regional va a aprobar en su reunión del martes aplica esta limitación no sólo a la Administración andaluza y las administraciones locales, sobre la que el Consejo Consultivo admite la competencia, sino también a la del Estado. La idea que persigue poner en práctica el Ejecutivo regional es que si las consejerías y sus organismos autónomos no pueden publicitar propaganda institucional en las elecciones, el Gobierno del Partido Popular tampoco. En el informe remitido al Gobierno andaluz, el órgano de control afirma: "La comunidad autónoma carece de competencias para regular la actividad de otras administraciones autonómicas o de la Administración estatal en relación con cualquier tipo de procesos electorales y esas competencias sólo son predicables de los procesos electorales que puede regular la comunidad autónoma. Por tanto, la Disposición Adicional Primera sólo parece admisible respecto de esos procesos". En las conclusiones del dictamen, el Consejo da su visto bueno al articulado de la ley y vuelve a recomendar: "En la medida en que puede implicar un exceso competencial debe modificarse la redacción dada" a la citada disposición. El Consejo Consultivo también analiza si el Gobierno andaluz puede vetar la publicidad sobre los "logros" de la gestión pública en todos los procesos previstos en la ley de Régimen Electoral General, es decir, las elecciones de diputados y senadores a Cortes, locales, Parlamento europeo y comunidad autónoma. Su observación apoya la tesis de los redactores de la ley y en el dictamen se afirma que "no supone un exceso competencial". Salvo cambios de última hora, el texto que va aprobar el Gobierno andaluz el martes no recoge la petición del Consejo Consultivo, aunque sus observaciones no son vinculantes. El proyecto de Publicidad Institucional modifica la normativa actualmente vigente aprobada en la anterior legislatura por los grupos de la oposición a raíz de la campaña Sólo en Andalucía, tanto en tampoco tiempo, emitida el día de la jornada de reflexión de las autonómicas de 1994. La ley en vigor prohíbe a la Junta de Andalucía "cualquier forma de comunicación dirigida a una pluralidad de destinarios" en época electoral, lo que produjo en las elecciones autonómicas últimas situaciones extremas ya que ni se podían emitir campañas informativas (la de un espectáculo patrocinado por la Consejería de Cultura o una campaña de vacunación infantil de la Consejería de Salud), administrativas (contrataciones de obras públcias) y las puramente propagandísticas.
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