La verdad duele

EL ESCRUTINIO público del pasado al que se ha sometido Suráfrica ha venido a demostrar una vez más que la reconciliación no es un proceso instantáneo ni simple. Cuando el partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) apadrinó hace tres años una investigación sobre los excesos cometidos durante la larga era de la segregación racial, sus dirigentes, con Nelson Mandela a la cabeza, no podían imaginar el alcance de esta iniciativa catártica, moldeada sobre la experiencia chilena tras la dictadura de Pinochet, pero sin el insalvable condicionamiento de la presencia del espadón. Se trataba de rescatar el pasado sin someter al país a una serie interminable de procesos. Única condición: reconocer los hechos.La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 17 miembros presididos por el arzobispo y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, ha escuchado durante casi tres años los testimonios de 21.000 víctimas de la violencia política. Los autores del documento más esperado de la historia surafricana -3.500 páginas, cinco volúmenes- recomiendan que, si no se promulga una amnistía, sean llevados ante los tribunales todos los responsables de violaciones de derechos humanos. Y son legión.

Nadie sale con las manos limpias del trabajo de la comisión, que en el último minuto, y para evitar un veto judicial a la aparición del informe, ha retirado provisionalmente del texto las acusaciones de patrocinar terrorismo de Estado contra el ex presidente De Klerk, que favoreció una transición pacífica y el fin de la inacabable supremacía blanca. Por supuesto, el documento entregado ayer al presidente Mandela es una causa general contra los arquitectos del sistema de apartheid, considerado como crimen contra la humanidad, que, articulados en el Partido Nacional de Pieter W. Botha y con apoyo neonazi de los Viljoen y los Terreblanche, dispusieron de la mayoría negra como de una caterva de esclavos. Pero hay también acusaciones muy serias (ejecuciones, torturas, asesinato de civiles, instigación a la violencia) contra el Congreso Nacional Africano, en el poder desde 1994 y que acusó ayer a la comisión de criminalizar la lucha por la liberación del movimiento negro. A la ex esposa del presidente, Winnie Madikizela, se la considera responsable política y moral de muertes y torturas. Sobre el partido nacionalista zulú, Inkhata, y su jefe, Buthelezi, actual ministro del Interior, recae también la responsabilidad de miles de muertes entre 1982 y 1994.

La parte más dura para un país que emerge de una dictadura es reconciliarse con su pasado. Aparte de nuestra propia experiencia, hay multitud de ejemplos en Latinoamérica y en Europa del Este. Ninguna iniciativa ha sido tan valiente como la de Suráfrica. La oleada de críticas recibida desde los partidos principales es signo inequívoco de que la comisión Tutu se ha acercado a la verdad. Una verdad que, lejos de cicatrizar heridas, ahonda de momento las divisiones. Es una apreciación hija de la urgencia. Pasada la emoción de los primeros momentos, la que suscita entre algunos supuestos héroes verse despojados de sus pedestales, entre los villanos acreditados el reconocimiento de sus felonías, entre la gente normal su reflejo en un espejo desinteresado, es posible que contribuya a que los surafricanos aprendan a convivir con la brutalidad de su historia reciente.