Un informe policial fue decisivo para que la juez exculpara a los imputados en el "caso Meliá"

Un informe elaborado por la Dirección General de la Policía, en el que los investigadores aseguran que "no ha existido origen patrimonial de carácter extraño", fue decisivo para que el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante exculpara, el viernes, a los principales imputados por supuesta malversación de fondos públicos y estafa en el conocido como caso Meliá. La titular del juzgado, Rosa María Cano, dictó ese día el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra Luis Fernando Palao, ex presidente del ente público Puertos del Estado, y Ángel Cuesta, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, que se considera víctima de una persecución política.

Ambos decidieron, en 1995, iniciar contactos con los propietarios de la tercera fase del hotel Meliá para comprar el inmueble, que sería destinado a acoger un servicio público no definido. La operación fructificó, en marzo del año siguiente, por un importe total de 1.874 millones de pesetas procedentes de las arcas del Estado. Nada más conocerse la operación se desató una oleada de críticas por el periodo elegido para llevarla a cabo (justo unos días después de las elecciones generales de 1996 que dieron el triunfo al PP), y comenzaron a aparecer informes y denuncias de distinta índole que alertaban sobre presuntas irregularidades de la transacción. El puerto de Alicante, una vez cesado Ángel Cuesta de la presidencia, puso en marcha una investigación interna, y a los pocos meses la Fiscalía actuó de oficio ante las sospechas de que pudiera haberse cometido un delito de malversación de caudales públicos y estafa. Una semana después, dos abogados de Alicante, a título particular, presentaron una denuncia en el juzgado por idénticos delitos, iniciativa que arrebató la investigación al fiscal en beneficio del juez instructor. Tras dos años de investigación judicial, el auto del viernes concluye que "no existen elementos suficientes" que justifiquen la comisión de los delitos imputados a Palao y Cuesta. La juez mantiene, sin embargo, la imputación de un delito de fraude a la Hacienda Pública contra el empresario Manuel Ferry, que participó en la operación en calidad de vendedor. De las diligencias practicadas se deduce que Ferry defraudó la cantidad de 35.576.123 pesetas, tal y como se desprende de sendos informes emitidos por el Inspector de Finanzas del Estado en mayo y agosto de este año. La juez concluye que "es procedente" decretar la conclusión del procedimieto en lo que respectaba a Ángel Cuesta y Fernando Palao, e iniciar procedimiento abreviado y apertura de juicio oral contra Manuel Ferry, por lo que traslada al Ministerio Fiscal y a la acusación particular las diligencias para que formulen escrito de acusación y soliciten diligencias complementarias si lo estiman conveniente. Conocido el auto, Ángel Cuesta se declaró ayer "contento" con la decisión judicial. "Para mí no ha sido una novedad, sabía desde el principio que la investigación no se podía resolver de otra forma porque las acusaciones eran falsas e inconsistentes", declaró. Cuesta mantiene el convencimiento de que el caso arrancó "por razones de oportunidad política". Y lo explica así: "Después de unas elecciones generales y a dos años de las autonómicas y municipales, estaba claro que tenían que atacar al PSOE por todos los flancos, y evidentemente en aquella época la actividad del puerto de Alicante era muy importante y se convirtió en objetivo de los ataques". "Yo estaba muy tranquilo porque mis colaboradores en la operación eran honestos, hicimos las cosas muy medidas, y pese a ello he tenido que soportar dos años de vilipendios y escuchar muchas tonterías de gente que no sabía de qué hablaba". Ángel Cuesta no tiene la menor duda: "Ha sido una persecución política, pero ahora los jueces han puesto las cosas en su sitio", declaró. La larga investigación judicial ha supuesto un permanente goteo de informaciones que apuntaban a una larga retahíla de irregularidades cometidas en la compra de la tercera fase del Meliá con fondos públicos. "Naturalmente que me ha perjudicado el proceso, personal y familarmente, y espero que a partir de ahora esa gente recapacite y se lo piense antes de decir tonterías". Cuesta insistió ayer en que su intención a la hora de comprar el inmueble era instalar un servicio público. "En principio estaba casi decidido habilitar el edificio como palacio de congresos, epro el objetivo último era dar una dimensión pública a esa propiedad estratégicamente situada en la fachada marítima". "Era una dotación pública que se compró con dinero público", matizó, "que en nada perjudicaba a las inversiones portuarias porque se hizo frente a los pagos con partidas económicas especiales". Cuesta recuerda cómo dejó el puerto, con una exitosa zona de ocio que ha revitalizado la zona. Nada más conocer la apertura de diligencias por parte de Fiscalía en 1997, Ángel Cuesta solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia en el PSPV hasta que finalizara el proceso "para no perjudicar al partido". Este delenlace favorable le mueve ahora a solicitar su reincorporación en la organización.