El TSJ desautoriza a Educación al anular la prórroga del mandato de los directores de centro

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desautorizado a la Consejería de Educación por su decisión, tomada en junio de 1996, aún bajo la dirección de Marcela Miró, de prorrogar el mandato de los directores de centros docentes no universitarios "contraviniendo un mandato legal e infringiendo" varias normas. La consejería pretendía ganar tiempo, pese la oposición de la mayoría de sindicatos, para que los nuevos responsables de los colegios e institutos valencianos fueran elegidos por los consejos escolares dominados por los padres.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ no ha escatimado adjetivos a la hora de desautorizar a la Consejería de Educación, que estuvo "desafortunada" al infringir de "forma explícita una disposición legal" y cometer "un indudable exceso reglamentario". Los tres miembros del tribunal subrayan en su fallo la puerilidad con la que el departamento actualmente presidido por Francisco Camps violó la legalidad vigente. La ley que regula "la posible prórroga por la Administración de los mandatos de los órganos de gobierno por un periodo máximo de nueve meses" invalida "la disposición reglamentaria que posteriormente" establece la extensión de la prórroga a un plazo mayor (un año)", comenta el fallo. En consecuencia, el TSJ decreta la nulidad de pleno derecho de la orden de la Consejería de Educación. Según Luis García Trapiello, representante de CC OO, el sindicato que impugnó la decisión de este departamento, esta es la primera decisión judicial que desautoriza una normativa en la historia de la Consejería. En opinión de García Trapiello, el fallo del TSJ pone de manifiesto que la consejería se "extralimitó en sus funciones", subraya la "arbitrariedad" con la que trabaja la administración autonómica y, lo que es más importante, "pone en entredicho la validez de las decisiones de los docentes que vieron sus mandatos prolongados merced a esa orden". Nuevo recurso legal Es más, aunque el fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo no conlleva ningún efecto práctico, no invalida la gestión de los directores que continuaron ejerciendo su función contra la ley, esta situación podría cambiar. "Los servicios jurídicos de CC OO están estudiando la viabilidad de impugnar las decisiones tomadas por estos docentes", dice García Trapiello. Su argumento, en principio, es contundente. "Si, merced a la caprichosa medida de la consejería, ejercieron su cargo contra la ley, las medidas que tomaron en ejercicio de sumandato deben ser ilegales". El todavía secretario de la Consejería de Educación, Carlos Alcalde, impulsó la aprobación de la orden con la anuencia de la entonces consejera, Marcela Miró -actual titular de la cartera de Asuntos Sociales- y el posterior respaldo del actual consejero. Su objetivo era el de conseguir que fueran los nuevos consejos escolares -cuya renovada composición se estaba negociando en esa época- los encargados de elegir, por un periodo de cuatro años, a los primeros directores de colegios e institutos nominados bajo mandato del PP. La tardanza en sacar adelante la reglamentación que finalmente reforzó la representatividad de los padres en los consejos motivó la decisión de Alcalde. El secretario general de la Consejería prefirió, pese a las advertencias de los sindicatos, aprobar una orden ilegal a dejar en manos de los antiguos consejos -con mayor peso del resto de agentes sociales, profesores, alumnos y personal no docente- la elección de los responsables de los centros docentes no universitarios. Para García Trapiello, "la incapacidad de la Administración para redactar un nuevo Reglamento Orgánico de Centros (ROC)" tuvo consecuencias funestas. A saber: "contra toda ley, la consejería prefirió cometer una ilegalidad antes que permitir que los directores fuesen elegidos por los viejos consejos escolares por un período de tres años". Alcalde tiene una visión diferente del tema. La decisión del TSJ "no tiene ningún efecto práctico", anula una orden "discutible, pero que tan sólo pretendía evitar que, durante tres años, los directores de muchos centros estuvieran elegidos por consejos escolares poco representativos" y, en última instancia, las críticas que despertó y sigue motivando son "graves y están fuera de lugar". Además, el secretario general de la consejería niega que fuera la "negligencia o incapacidad de su departamento" la que demoró la normativa sobre los nuevos consejos. "Muy al contrario, invertimos 16 meses en ese proceso para que fueran todas las partes implicadas las que llegaran a un acuerdo. Simplemente, queríamos conseguir una reglamentación consensuada".