Las víctimas de la riada de Badajoz siguen sin casa un año después

Un año después de la riada de declaraciones de solidaridad, las ayudas escampan. Los políticos no están a la altura de las aguas que anegaron de luto y lodo Badajoz el 5 de noviembre de 1997. La pugna entre Administraciones sitúa en abril de 1999 las primeras entregas de casas a las 1.200 familias cuyo hogar fue alcanzado por la riada. Un año más tarde, según un informe, la protección de Badajoz frente a los arroyos asesinos es "claramente insuficiente".

Las familias de los 21 ahogados en 1997, cuando la tragedia cayó sobre la barriada conocida como Cerro de Reyes, han recibido una explicación oficial que apunta a un solo factor del desastre: la imprevisible, la desbordada naturaleza. Sólo ella es culpable. Ningún error de la Administración previo o posterior. Las tres administraciones (central, autonómica y local) se han volcado en ayudar a los damnificados, no en aclarar perfiles del suceso. Ninguna ha investigado por qué no hubo evacuación de los vecinos previa al desastre, por qué según los testigos actuó toda la noche una sola lancha o por qué los cauces se hallaban tan obstruidos que multiplicaron el efecto devastador de la crecida.Sólo la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en un informe que le ha llevado un año, dibuja cómplices humanos del diluvio: "las aguas se vieron puntualmente obstaculizadas por las obras de fábrica existentes sobre el encauzamiento (puentes, pasarelas...) y por las edificaciones próximas al encauzamiento. Es significativo el caso del puente de la antigua carretera nacional V por la presencia de una pasarela que partía los vanos del puente hacia el arranque de sus arcos. (...) Como consecuencia de lo descrito, resulta que en la actualidad la defensa de Badajoz (habitantes, servicios e industria) frente a las avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón es claramente insuficiente".

Tal diagnóstico integra el proyecto de reencauzamiento de los arroyos que acaba de entregar la Confederación Hidrógrafica a las administraciones.

Informes anteriores avisaban de que "en tanto que se mantenga limpio el canal no parece que vayan a producirse desbordamientos". José María Noriega, sin un equipo técnico, llega a iguales conclusiones en un minuto. Su titulación en materia de aguas es que su madre murió en la riada. Gasta lenguaje más claro: "Es evidente que llovió fuera de lo normal, pero la avenida que hizo que el agua subiera tres o cuatro metros tuvo dos causas: la avenida natural del agua se taponó por la existencia de edificaciones dentro del cauce y porque el puente de la nacional V tenía taponados tres de sus ojos, y los cuatro restantes estaban muy reducidos por un colector que servía de pasarela. Y otro puente, aguas abajo, también estaba taponado, y otro más."

Un año después, los ojos del puente están bien abiertos y se ha creado un delta para dulcificar el encuentro de ambos arroyos, hoy dos hilillos de agua. El resto del cauce es idéntico. El socialista Javier Corominas, consejero extremeño de Obras Públicas, recuerda que la competencia sobre los obstáculos que obstruían los arroyos era exclusivamente del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica. Y se queja de que han tardado un año no sólo en proyectar el reencauzamiento sino en marcar la línea que podrían inundar tales arroyos en caso de crecida.

Tal frontera define qué viviendas de las márgenes de ambos arroyos deben ser abandonadas y demolidas y, en consecuencia, qué familias han de ser realojadas. Sin tal raya, la Junta carece de base legal para desalojar a familias y el Ayuntamiento dilata la demolición de unas casas abandonadas, que, amén de ser habitáculo de indeseables y roedores, se erigen en peligrosos tapones para una posible crecida.

La mayoría de las familias afectadas han cobrado un millón largo de pesetas procedentes del Ayuntamiento, Junta extremeña y Cáritas. Para abril de 1999 se fía el comienzo de la entrega de las 1.200 viviendas que construyen el Estado y la Junta para realojar a los afectados, hoy en hogares provisionales, incluidos barracones metálicos. Corominas se queja de que están bordeando la legalidad al construirlas porque el Ayuntamiento ha entregado solares sin escrituras. La construcción de 60 se ha paralizado porque la Junta descubrió que terrenos cedidos por el Ayuntamiento eran propiedad de particulares. Corominas acusa al alcalde de Badajoz, del PP, de haber sido cicatero en la donación de terrenos, ya que sólo aportó el 40%, por lo que la Junta hubo de comprar el 60% restante. El alcalde, Miguel Celdrán, lo refuta. "Hemos dado lo que teníamos", y añade que "no es fácil encontrar escrituras de años atrás".

El socialista Eduardo de Orduña, presidente de la Diputación, asegura que las viviendas podrían haberse entregado a fin de 1998 sin los retrasos generados por el Ayuntamiento. Los expertos descartan un diluvio como el de 1997 antes de 500 años. Tiempo suficiente para que el Ayuntamiento halle sus escrituras y se refuercen los cauces.