Condenado el funcionario de Bilbao acusado de vender fotocopias

La Audiencia de Bilbao ha condenado a un funcionario del Ayuntamiento de la capital vizcaína como autor de un delito de malversación de fondos públicos por comerciar con fotocopias realizadas utilizando la infraestructura del consistorio. El trabajador será inhabilitado y suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, según establece la sentencia judicial. Como informó este diario (ver EL PAÍS del 29 de enero), el funcionario José Ramón González Pamo, uno de los tres que estaban a cargo del servicio de fotocopias del consistorio de Bilbao, había montado una red de venta de fotocopias y comerció con cientos de miles de ellas, según las investigaciones realizadas. Además, también se dedicaba a la venta de folios y en 1995 se detectó en el servicio un desfase de 330.000 hojas. El fallo, dictado por la Audiencia bilbaína el pasado 6 de julio, establece la responsabilidad del empleado municipal en los hechos que se descubrieron en diciembre pasado por parte de la Policía Municipal de Bilbao. Las investigaciones señalaban que González Pamo había montado toda una red con varios colaboradores que captaba clientes a través de dos teléfonos y ofrecía las copias a 2 pesetas, frente a las 2,60 del precio medio existente. El funcionario eludía los controles del Ayuntamiento sobre las fotocopias -cada pedido incluye el número y está firmado por el jefe de sección- mediante la manipulación de las cifras, que evitaba el descubrimiento de lo que ocurría. Además, se constató que el empleado fue visto en varias ocasiones, fuera de su jornada de trabajo, saliendo del Ayuntamiento junto a personas ajenas al consistorio. En una ocasión, se les descubrieron 15 cajas de 500 folios cada una y en otra portando tres grandes bolsas de basura que contenían fotocopias. Baja médica Desde que se descubrió esta situación y durante cuatro meses, el funcionario estuvo de baja médica aquejado de una fuerte depresión. Cuando volvió al trabajo, tras sondear varias opciones e intentar situarlo en el departamento de ordenanzas, el Ayuntamiento bilbaíno le adscribió al área de Obras y Servicios, donde desempeñó labores de inspección de saneamiento. Durante este tiempo, el consistorio ha abierto un expediente disciplinario, pero sin contenido alguno mientras se esperaba la resolución judicial. Los responsables municipales han aducido que no podían tomar ninguna decisión disciplinaria diferente a la que determine la justicia, "porque en caso de que se diera una condena inferior al tiempo en que ha estado suspendido, se le tendría que pagar esa diferencia, y encima sin haber trabajado", argumentaron entonces. Ahora, el Pleno municipal que se celebrará la próxima semana aprobará el cumplimiento de la sentencia judicial contra el empleado, que está de nuevo en situación de baja médica.