La inseguridad ciudadana, un reto pendiente

Madrid aparece, en todas las estadísticas, como una de las zonas más inseguras de España. Esa percepción, que compartimos grupos políticos, movimientos sociales y profesionales y millones de ciudadanos, conduce a un dato relevante: la inseguridad ciudadana ocupa el segundo lugar en la jerarquía de preocupaciones de los madrileños. Estando todos de acuerdo en el diagnóstico, la pregunta que debemos hacernos es: ¿se están poniendo todos los medios posibles para solucionar ese problema? Desde una visión conservadora, se ha entendido tradicionalmente la seguridad ciudadana como un problema de orden público, con lo que se eludía la raíz del mal, su causalidad, y se tendía a centrar las actuaciones sobre sus efectos, es decir, en las políticas puramente represivas. Constatar que Madrid presentó el pasado año la tasa de eficacia policial más baja de España -y la de criminalidad más alta-, o que, según la Memoria de la Fiscalía, el número de delitos se incrementó respecto a 1996 en un 1% en la ciudad de Madrid y cinco veces más (casi un 6%) en la periferia metropolitana (y en un 45% en los últimos cinco años), o que en los cinco primeros meses de 1998, según datos de la propia Dirección General de Policía, haya aumentado el número de delitos respecto al mismo periodo del pasado año en más de un 6%, o que la violencia ultra y parafascista se ha disparado en los últimos meses, no es otra cosa que constatar una realidad muy preocupante. Una realidad que no se produce por generación espontánea. Que está relacionada con la falta de políticas efectivas de las distintas administraciones, en especial de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de la capital y del Ministerio del Interior. Pero que tiene en su origen factores que son decisivos para la vida ciudadana: el alto índice de desempleo existente en Madrid, que se concentra sobre todo en las zonas más deprimidas de la región y en un altísimo porcentaje de jóvenes; la existencia, reconocida por Cáritas, por los sindicatos y por el informe Foesa -al que no podemos acusar de partidista- de cerca de 600.000 ciudadanos en el límite de la pobreza; la existencia de bolsas de marginación y de exclusión social, con decenas de miles de madrileños atenazados por la falta de horizonte laboral y por la desesperanza, son elementos que están en la raíz de ese mal.

Madrid no puede ser contemplado sólo desde la realidad de las zonas más desarrolladas y mejor equipadas. La política tiene que tener también en cuenta (quizá prioritariamente) esa otra realidad.

Ello quiere decir que para aumentar los niveles de seguridad ciudadana en Madrid se hace necesario tomar decisiones de largo alcance, decisiones estratégicas en las que deben implicarse todas las administraciones actuantes en la región. Es necesario actuar, sí, en los efectos y, a la vez, actuar para erradicar las causas, la raíz del problema.

Aunque la Comunidad de Madrid tiene limitadas competencias en la materia, no debe aparecer como una administración políticamente incompetente. Debe ser no el espectador impasible en que se ha convertido, sino el motor que impulse esa toma de decisiones, que juegue un papel coordinador de cuantas actuaciones se pongan en marcha.

¿Qué cabría hacer? En primer lugar, delimitar los dos problemas sobre los que intervenir: de un lado, la inseguridad pública que afecta al desenvolvimiento general de la vida ciudadana; de otro, la inseguridad física que se vive en determinadas zonas. Respecto a lo primero, es urgente diseñar, con todas las administraciones afectadas, un Plan Director de Seguridad Pública que tenga un carácter integral y que descanse sobre cuatro ejes: la participación ciudadana a través de los Consejos de Seguridad Ciudadana de los municipios con la vitalización de la Junta Regional de Seguridad, que no se reúne desde diciembre del pasado año; la descentralización hacia los ayuntamientos, cuyo papel es fundamental en las políticas preventivas, potenciando la coordinación de las policías locales a nivel regional; el reforzamiento, con dotaciones técnicas, económicas y humanas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; la elaboración de un programa de actuación integral que opere sobre los factores que influyen en la delincuencia (exclusión social, pobreza, marginación, tráfico y consumo de drogas, paro). Junto a ello, es preciso intervenir contra la inseguridad física con políticas preventivas y de acercamiento de la administración al efecto: así, se hace imprescindible la creación a corto plazo de un Observatorio Regional para la Prevención de la Delincuencia y de una Oficina de Atención al Ciudadano con servicios descentralizados en los municipios y distritos.

Todas estas actuaciones deberían ir acompañadas de la extensión a todos los distritos de Madrid ciudad y a los municipios más importantes de la corona metropolitana de la policía de proximidad o de convivencia, con la ampliación en número y calidad de las comisarías y con actuaciones coordinadas con el Ministerio de Justicia dirigidas a acelerar al máximo los procesos judiciales y a ampliar el número de juzgados.

No estamos, evidentemente, ante un problema de fácil solución. Pero como no se resuelve es con la pasividad, con la falta de iniciativas que está poniendo de relieve el Gobierno regional. Tampoco con una política del Ministerio del Interior basada en planes en los que la participación de los ayuntamientos y de la Comunidad es nula. Los datos sobre la inseguridad ciudadana en Madrid deberían bastar para que el Gobierno regional ejerciera de punta de lanza, de promotor de iniciativas, asumiera cierta capacidad de liderazgo, se pusiera "a la cabeza de la manifestación".