El PA anuncia que se opondrá a la ley de Publicidad Institucional mientras IU la apoya

El Partido Andalucista (PA), socio del PSOE en el Gobierno andaluz, anunció ayer que votará en contra de determinados aspectos de la ley de Publicidad Institucional elaborada por la Consejería de la Presidencia, cuyo anteproyecto prohíbe no sólo a la Administración regional, sino también a la local y a la central, la contratación de campañas sobre "logros de la gestión pública" desde la convocatoria de las elecciones hasta el día de la votación (unos dos meses). El portavoz del PA, Pedro Pacheco, calificó el texto de "bravuconería" y anunció su oposición a aquellos artículos "que vayan en contra de la autonomía municipal". Por el contrario, IU aplaudió la iniciativa y afirmó que votará a favor. El PP reaccionó con ambigüedad.

Si el Gobierno andaluz mantiene intacto el anteproyecto, no tendrá dificultades para sacarlo adelante. Aunque el Partido Andalucista dijo ayer que votará en contra de determinados aspectos de la ley por invadir competencias municipales, Izquierda Unida sí sumará los votos de sus diputados a los del grupo socialista, según afirmó la portavoz de la federación, Concha Caballero. Ambos partidos justifican sus posición por motivos totalmente contrapuestos. Pacheco considera que frente al criterio de uniformidad de las elecciones municipales -tienen una fecha predeterminada y se celebran en todo el Estado- no caben "argumentos territoriales" y afirma que la Junta de Andalucía "no pude regular" en esta materia sobre los ayuntamientos ni sobre la Administración del Estado. "No puede interferir en cosas que no son de su competencia", afirmó. Por el contrario, Concha Caballero mantiene que el Ejecutivo andaluz sí puede "fijar un marco general" para la Administración local y cree que una limitación como la prevista en el anteproyecto "no atenta a la autonomía municipal". Más dudas tiene acerca de si la Junta puede prohibir a la Administración central contratar campañas de propaganda institucional en época electoral en la comunidad autónoma, aunque Caballero plantea una salida: "Izquierda Unida ofrece al PSOE la posibilidad de hacer una propuesta conjunta en el Congreso de los Diputados para acabar con el abuso enorme de todas las administraciones". Zarrías y el rentoy Para la portavoz de IU, la iniciativa de la Consejería de la Presidencia es "saludable", pero pidió al consejero Gaspar Zarrías: "Que no intente meternos en una trampa. Esto no es un rentoy". Pacheco, sin embargo, afirmó que el anteproyecto es bien fruto de la "bravuconería de un funcionario o de la ignorancia de algún político" y subrayó la oposición de su partido a apoyar proyectos que "revelen posiciones revanchistas". Y frente a estas posiciones tan claras, el Partido Popular, promotor de la actual ley de Publicidad Institucional que ahora se quiere modificar, reaccionó con ambigüedad. El secretario general PP, Juan Ojeda, afirmó: "Para el PP está muy bien la ley de ahora, pero si el PSOE se empeña en reformarla, que lo haga dentro del ámbito de sus competencias. En función de la actitud con la que la Junta acometa esa reforma así será la del Partido Popular. No es lo mismo una modificación desde la revancha que el que se quiera perfeccionar determinados artículos de la ley". El anteproyecto que ha elaborado el Gobierno andaluz clasifica en dos grupos la publicidad institucional: en uno están las campañas informativas sobre actos y procedimientos administrativos y sobre el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos; y en otro, las de los "proyectos, realizaciones o logros de la gestión pública". Con la ley actual, la Junta y todos sus organismos no pueden contratar anuncios ni de un tipo ni de otro en los dos meses que transcurren desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración. La modificación legal prevista levanta el veto para las campañas informativas y administrativas, pero no para la de los "logros". El Gobierno andaluz, además, quiere que la limitación se aplique no sólo a los organismos autonómicos, sino también a ayuntamientos y diputaciones y a la Administración pública general. El consejillo (reunión de viceconsejeros) tiene previsto dar el visto bueno al anteproyecto, sobre el que ya ha dictaminado el Consejo Consultivo, el miércoles próximo, para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno en su primera reunión de noviembre. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo el pasado jueves que su intención es que la ley sea aprobada cuanto antes para que entre en vigor en la convocatoria municipal de junio de 1999.