La ley de cámaras agrarias 'desprotege' 200.000 hectáreas y permite la caza libre

Un trámite legal puede convertir buena parte de la región en un gigantesco coto de caza. Unas 200.000 hectáreas de fincas rústicas quedarán desprotegidas el próximo 1 de julio de 1999 con la entrada en vigor de una ley que disuelve las 120 cámaras agrarias madrileñas. Estas entidades son dueñas de grandes cotos de caza. Pero su desaparición convierte los cotos en zonas de "aprovechamiento cinegético común". Los cazadores podrán entonces actuar a sus anchas. Medio Ambiente anuncia que para entonces habrá decretado la veda en esas fincas. Pero no será fácil.

La publicación el pasado martes, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de un decreto de la Consejería de Economía que recuerda que, a partir del 1 de julio de 1999, queda suprimida la protección cinegética sobre todas las tierras que sean propiedad de las cámaras agrarias -unas 200.000 hectá-reas-, ha hecho saltar las alarmas de la Consejería de Medio Ambiente. El decreto de Economía, que desarrolla la Ley 6/1998 de 26 de mayo, regula el régimen provisional de las cámaras agrarias hasta su desaparición en la fecha citada. Por eso, a partir de julio de 1999, miles de hectáreas de la región pasarán a ser "de aprovechamiento cinegético común". Es decir, en ellas podrían cazar todos aquellos aficionados a la escopeta que lo deseen, sin ningún tipo de límite ni restricción. Es la misma situación que ocurrió la semana pasada, a causa de un error burocrático (se autorizó la caza libre en un coto cuya protección estaba en proceso de tramitación), en 1.500 hectáreas de un coto privado situado en Villamanta. El coto quedó desprotegido durante unos días, lo que atrajo a centenares de cazadores. Cuando la Consejería de Medio Ambiente se dio cuenta de los hechos, decretó la veda en la zona. Pero ya era tarde. Cerca de 200 cazadores, durante el pasado puente del Pilar, acabaron con la vida de unos 3.000 animales, la mayoría perdices.

Veda total

Para evitar que algo así pueda repetirse, y ante el la orden de la Consejería de Economía, Medio Ambiente decretará la veda obligatoria en todos aquellos terrenos de las cámaras agrarias que no puedan convertirse, a tiempo, en cotos privados. El citado decreto de Economía tiene como fin desarrollar la Ley 6/1998. Ésta prevé la sustitución de todas las cámaras locales por una única regional. La nueva institución recibirá todos los derechos, bienes y obligaciones de las extinguidas, excepto los derechos sobre los cotos de caza. Éstos se transfieren directamente a los propietarios de los terrenos, siempre y cuando los dueños consigan reunir 250 hectáreas para caza menor o 500 para la mayor. En el caso de que alguno de los propietarios no esté de acuerdo con que su parcela siga siendo acotado privado de caza -se prevén numerosos casos, ya que una parte de los agricultores consideran que sus cosechas sufren graves daños a causa de la caza y que las indemnizaciones que reciben son pequeñas-, podrán reclamar que sus predios sean eximidos de las cacerías.

La Consejería de Medio Ambiente manifestó ayer su preocupación: "Nadie sabe lo que puede pasar. Hay 120 cámaras agrarias y son miles los agricultores y ganaderos afectados".

De hecho, puede darse el caso de que determinadas tierras sean declaradas acotados, pero que las adyacentes no, o que un coto esté rodeado de parcelas excluidas y que sus propietarios se nieguen a permitir el paso de los cazadores. Las fuentes consultadas aseguran que, "en algunos pueblos del sureste de la región, se están produciendo ya situaciones de tensión entre cazadores y agricultores".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, reconoció ayer que "puede montarse un buen lío". "Por eso", añade, "lo primero que vamos a hacer es reforzar el servicio de vigilancia de caza y, en virtud de los informes técnicos, decretar la veda de las zonas que queden desprotegidas y que tengan valor cinegético. No queremos que vuelva a ocurrir lo de Villamanta".