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CERCO AL EX DICTADOR

Aznar cree que un juicio a Pinochet impedirá que otros dictadores se vayan

Anabel Díez

El presidente del Gobierno, José María Aznar, lanzó ayer un mensaje de prudencia a quienes esperan que el juez Baltasar Garzón logre que el exdictador chileno Augusto Pinochet sea juzgado en España, ya que a su proceso podría inhibir a otros dictadores de propiciar el camino a la democracia. Aznar, quien todavía no ve claro en qué puede terminar la maraña jurídica, pronunció una enigmática frase: "Quizá el Gobierno ni siquiera tenga que pronunciarse".

"En función del final de los recursos, hasta es posible que esto no pueda llegar al Gobierno, a lo mejor el Gobierno ni se tiene que pronunciar", fue la frase completa de Aznar, que lanzó un durísimo ataque a quienes "pueden caer en la tentación" de convertir este caso en un asunto político interno y retó a todo el que quiera para ver quién va más lejos en la crítica a las dictaduras al poner en duda que "algunos" estén dispuestos a hablar de "todos" los abusos de poder. Sin duda hablaba del PSOE, quizá de IU, y desde luego de Cuba, con cuyo presidente, Fidel Castro, se reunió poco después. En presencia del presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, Aznar invirtió los primeros minutos de su intervención en la rueda de prensa conjunta en el asunto de la detención de Pinochet. Pidió "respeto", "prudencia" y "responsabilidad" con la justicia y con la democracia chilena y, expresamente, con su presidente, Eduardo Frei. "Pido respeto desde una democracia como la española, que no tiene cuentas con el pasado, para todas las democracias hermanas de Iberoamérica, para las que hay y para las que puede haber en el futuro", dijo Aznar.

El presidente del Gobierno fue más lejos al decir que a la hora de pedir cuentas hay que buscar "el bien mejor", ya que "con el afán de que actúe la justicia con los dictadores por abusos de poder, se pueden poner en riesgo vidas humanas en aquellos otros países en los que perviven dictaduras".

Pérez Balladares, por su parte, intervino para dar la razón a Aznar: "Ante un caso como éste, algunos pueden poner sus barbas a remojar y parar procesos de democratización", dijo en una clara alusión a Cuba y su presidente, que a esa hora ya se dirigía hacia Madrid para entrevistarse con Aznar.

Pérez Balladares recordó lo ocurrido en su país en 1988, cuando la negativa del general Manuel Antonio Noriega a salir del país precipitó "una invasión de Estados Unidos que tuvo un alto coste en vidas humanas y sufrimiento". Por ello, concluyó, hay que buscar el bien de la mayoría, que implica no enviar mensajes a los dictadores "que empeoren la posibilidad de que dejen el poder". Noriega pudo de salir de su su país y refugiarse en España, con el consentimiento del Gobierno español, pero tuvo miedo a que después se le pidieran cuentas, aseguró Balladares.

Pero, tal y como van las cosas, en los partidos de izquierda de España y otros lugares no parece que estas reflexiones sean muy compartidas, y ahí están las muchas iniciativas parlamentarias que el PSOE, en primer lugar, e IU y Nueva Izquierda después, están presentando para que el Gobierno no deje pasar esta oportunidad de pedir cuentas a Pinochet.

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El pleno del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Alcalá de Henares aprobó ayer por unanimidad de todas las formaciones con representación municipal, incluido el PP, una propuesta de IU por la que se insta al Gobierno a tramitar la extradición del ex dictador chileno, informa Arantxa García de Sola.

"Pido al presidente del Gobierno que no sea cínico, y si está hablando de Fidel Castro debe saber que no hay ninguna acusación a ese presidente de terrorismo y genocidio, pero si la hubiera, la actitud de los socialistas sería la misma", aseguró el portavoz de Justicia e Interior de los socialistas, Juan Alberto Belloch. El ex ministro pidió a Aznar que no se oculte tras "el respeto a la justicia" y tome las riendas del asunto.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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