La investigación sobre los alquileres de Alicante pasa al juzgado

Pedro Rodríguez Irizarri, vecino de Alicante, ha presentado ante el juzgado de guardia una denuncia en la que acusa al concejal de Cultura Pedro Romero, del PP, por el contrato de arrendamiento de un local suscrito por el edil con un particular por importe superior a lo aconsejado por los técnicos, y después de tramitarse un expediente administrativo de dudosa legalidad. El contrato, anulado en septiembre -tras desatarse una fuerte polémica en la ciudad- comprometía al Ayuntamiento a pagar 42 millones de pesetas en diez años por el inmueble de la calle Canalejas, número 8, que iba a ser destinado a sala municipal de exposiciones. La denuncia ante el juez frena la investigación de oficio iniciada por el fiscal jefe de Alicante para aclarar el caso.