El Consell dota el plan de vivienda con 39.200 millones

El Consell autorizó ayer una dotación de 39.200 millones de pesetas para el plan de vivienda que estará vigente hasta el año 2001. El plan 1998-2001 se aprueba con un retraso de nueve meses. El Ministerio de Fomento aporta 70.000 millones para financiar la adquisición de vivienda protegida para aquellas familias con rentas inferiores a tres millones y medio de pesetas. La Generalitat ofrece aportaciones a fondo perdido que cubren hasta un 12% del precio de las viviendas. La aportación del ministerio alcanza hasta un 15%. La subvención oficial no superará en ningún caso el millón y medio de pesetas. Está previsto que se puedan beneficiar de las subvenciones oficiales un total de 57.000 familias. José Joaquín Ripoll, portavoz del Consell, anunció una decidida "apuesta" por la vivienda de alquiler para jóvenes y, en una segunda vertiente que denominó "alquiler social". Los alquileres serán subvencionados hasta 25 años en viviendas de un máximo de 70 metros cuadrados. En el mismo ámbito de vivienda, en el que la Generalitat disfruta de competencias plenas, la Consejería de Hacienda propuso al Consell ceder los créditos concedidos por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, la CAM y la sucursal española de la Société Générale. El IVVSA recibirá un mínimo de 12.700 millones cuyo cobro efectivo asumen las tres entidades financieras. Un 60% de los fondos se destinarán a sanear la empresa pública y el 40% restante a promoción social de vivienda. Ripoll dejó caer que los problemas financieros de la empresa pública se derivan de la etapa socialista. En su día, los responsables de la Consejería de Hacienda atribuyeron parte del agujero presupuestario que dijeron heredar de la Administración socialista a la escasa dotación presupuestaria del IVVSA. En el ámbito de Educación, el Consell aprobó una dotación de 2.929 millones de pesetas para cubrir las obligaciones de pago derivados del primer plan de inversiones para infraestructuras universitarias para el periodo 1995-2001, que asciende a 75.000 millones. Los rectores denunciaron en diciembre pasado que los presupuestos de la Generalitat que el pago de la deuda había sido incluido dentro del capítulo de subvención ordinaria, que estrangulaba de forma considerable el presupuesto anual de funcionamiento de cada universidad. La enérgica protesta forzó al Consell a ordenar al grupo parlamentario del Partido Popular que presentara una enmienda a los presupuestos de 1998 para financiar la deuda en un capítulo a parte, que es prescisamente el que se aprobó ayer.