La Constitución y el fin del militarismo

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, después de casi una semana de abstinencia, subió con ganas a la red el pasado sábado en Getxo para insistir en que los militares dejaron su impronta en la Constitución y en que la Carta Magna está tutelada porque se hizo bajo el signo del temor. Arzalluz sigue aferrado al estribillo de la militarización ajena, enredado en una especie de bucle militarista mediante el que pretende transferir a los demás sus propios problemas en este campo. Porque las fuerzas políticas democráticas, actoras durante la transición, supieron salir de la situación previa y encontrar un consenso para la propuesta de una Constitución, la de la concordia, que, tras 40 años de victoria de unos y de derrota de otros, inauguró la paz entre todos y superó los imposibles del anterior régimen franquista. Al mismo tiempo, el Rey desde el primer día sólo quiso reinar sobre ciudadanos libres y rehusó continuar en el esquema de monarquía alauita que se había diseñado bajo la enseña del Movimiento Nacional y de sus principios, cuya fecha de caducidad estaba unida de modo indeleble a la del dictador, como evidenciaba la insistencia en proclamar su naturaleza permanente e inalterable. Claro que en política nada se hace en el vacío del laboratorio. Sobre la Constitución, según iba elaborándose, dieron su parecer toda clase de fuerzas y sectores políticos, económicos, sociales y religiosos. Y los militares, que se sentían depositarios de la continuidad del régimen anterior, hubieron de ser persuadidos primero de la necesidad de respetar la voluntad de la ciudadanía, y segundo, de que el procedimiento elegido para los cambios a efectuar iría de la ley a la ley, pasando por la ley. Y ese paso dejó el papel de las Fuerzas Armadas en el sitio en que figuran en los textos constitucionales de los países de nuestro entorno. El profesor Manuel Ballbé en su libro Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983) explica cómo a través de todas las discontinuidades políticas y regímenes tanto monárquicos como republicanos, tanto absolutistas como liberales, tanto de derechas como de izquierdas, puede seguirse un hilo conductor inalterable: el mantenimiento del orden público ha sido entregado al Ejército y, correlativamente a la jurisdicción de guerra, sin interrupción alguna hasta que se quiebra con la Constitución de 1978. Y aún más grave, eso mismo pasaba con las situaciones excepcionales de estado de guerra o de sitio que han podido ser declaradas, hasta la vigencia de la actual Constitución, por el simple arbitrio de las autoridades militares.

Así que Arzalluz debe reconocer que es precisamente con la Constitución de 1978 cuando se pone fin a las tutelas militares porque la tutela del orden público era también la de las libertades públicas. Un vistazo al libro de Javier Fernández López El Rey y otros militares, que analiza la actitud de los uniformados ante el cambio de régimen político en España, puede ser también una lectura conveniente para el Euskadi Buru Batzar. Porque entre tanto, la hegemonía de ETA en el nuevo conglomerado de Estella queda por el momento fuera de discusión. De ahí el interés de las declaraciones del fundador etarra Julen Madariaga a Antoni Batista en La Vanguardia del domingo cuando aclara que la Declaración de Lizarra "no se habría dado sin la participación de ETA, fuera de la forma que fuera". La batalla más ardiente se está dando como tantas veces en torno al pasado. Como ha dicho Kepa Aulestia, "el verdadero temor (de HB y, cabría añadir, de los otros firmantes de Lizarra) es que al final se demuestre que la solución era política, es decir, que consistía simplemente en que ETA dejase de matar".

Quedarse sin historia es para muchos de los comprometidos con la sangre una amputación intolerable, pero dar rentabilidad al crimen es para todos los demás la pendiente del desastre. Atentos, en todo caso, a la autoridad nacional ante la que, según Julen Madariaga, ETA rendiría su arsenal: "Una asamblea de ayuntamientos de todo Euskal Herría, con carácter constituyente, de la que algún día dimanará una autoridad vasca de algún tipo". Así que en las elecciones municipales volverán a pedir cartas.