El colegio farmacéutico dice que investigará la venta de EPO sin control

Los colegios de farmacéuticos reaccionaron con alarma y afán investigador ante la noticia de que la hormona dopante EPO se puede conseguir en las farmacias. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid anunciaron ayer su intención de abrir sendos expedientes de investigación para sancionar a las farmacias a las que se identifique como expendedoras de EPO (véase EL PAIS del domingo).

La sustancia dopante de moda, la EPO, abreviamiento de su nombre científico (eritropoyetina), se expende en algunas farmacias de Madrid sin receta y sin ningún tipo de control a pesar de que se trata de un producto calificado como de "uso hospitalario" por el Ministerio de Sanidad. Su venta en farmacias está prohibida -incluso con receta- y está calificada como "sustancia dopante" por todos los organismos deportivos, aunque su detección de su uso es imposible con los métodos actuales.

Pedro Capilla, presidente del Consejo Superior de Colegios Farmacéuticos, parecía un hombre indignado ayer: "Queremos elaborar una lista de las farmacias que hayan infringido la normativa para actuar cuanto antes y levantar un expediente colegial de investigación para que la comunidad autónoma [las consejerías de Sanidad de las comunidades desempeñan la potestad de inspección y sanción] proceda a sancionar a los responsables". Capilla expresó su incredulidad ante la información de que diez farmacias del centro de Madrid -visitadas al azar por EL PAIS- venden EPO sin ningún control. El nombre comercial de la hormona adquirida por EL PAÍS es Eprex y está fabricado por los laboratorios Janssen-Cilag.

"Errores"

Capilla se pronunció con rotundidad en defensa de su gremio: "Nosotros no tenemos la obligación de controlar a las farmacias, actuamos cuando hay una denuncia y por eso queremos los nombres". El presidente de los farmacéuticos admitió la existencia de "errores" coyunturales pero dijo que no cree que las farmacias actuaran irregularmente "en esa cantidad", en referencia a la información publicada en EL PAIS: de diez boticas consultadas, todas accedieron, sea por ignorancia o con la intención de hacer un buen negocio, a la venta de Eprex (se vende a 14.000 pesetas la caja más pequeña). "Yo a un cliente, en principio, no le tengo que pedir receta ni nada si viene a pedirme un medicamento, y lo encargo al almacén. Pero luego, con el medicamento en la mano, es otra cosa", argumentó. Capilla terminó su exposición con una analogía: "Cuando un delincuente pide un pasaporte se le dice que se le dará. Otra cosa es que luego se averigüe que el reclamante es un delincuente". Sin embargo, EL PAÍS llegó a adqurir el producto prohibido, sin que se interrumpiera en ningún momento el proceso. Y algunos farmacéuticos lo solicitaron al almacén tras haber consultado el vademécum donde consta que sólo se puede usar en hospitales.

Sanciones

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid la postura es clara, según un portavoz: "Los medicamentos calificados como de "uso hospitalario" por la Ley del Medicamento no tienen por qué llegar a manos de los farmacéuticos, salvo excepciones. Es más, el laboratorio no puede suministrarlo a las farmacias salvo que la farmacia sea proveedora de un hospital". En caso de que se compruebe la existencia de una falta por parte de la farmacia, la Ley del Medicamento prescribe sanciones que van desde las 100.000 a las 2.500.000 pesetas de multa. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, anunció ayer que iniciará una investigación "con el fin de depurar las oportunas responsabilidades en que pudieran haber incurrido las oficinas de farmacia sometidas a muestreo".

Fuentes del Colegio anunciaron que se ha propuesto una revisión no sólo de las farmacias sino de "toda la distribución" de medicamentos, en alusión a las posibles responsabilidades de los almacenes a la hora de controlar la expedición a las farmacias de productos de exclusivo uso hospitalario.