Los vecinos de La Punta ponen un contencioso administrativo al Consell por aprobar la ZAL

La Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta como ente jurídico y 117 propietarios de la huerta de esta pedanía de Valencia interpusieron ayer un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consell de aprobar el plan especial para conseguir suelo público (70 hectáreas) en el que instalar la Zona de Actividades Logisticas (ZAL), el proyecto estratégico para dotar de infraestructuras industriales al puerto. La resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT) que daba vía al proyecto, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 13 de octubre, sólo ha dejado la vía judicial a los afectados para luchar por su tierra.

La resolución discute uno por uno los argumentos esgrimidos por los opuestos a la ZAL en sus más de 12.000 alegaciones. Así, los vecinos criticaban que el proyecto, que supone la reclasificación de suelo no urbanizable de especial protección agrícola a suelo urbanizable, carecía de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la COPUT esgrime que el plan no lo requiere puesto que, de momento, no se reclasifica el suelo. Será más adelante, cuando se expropie la tierra a los huertanos, cuando sí haga falta el estudio de impacto. Esta argumentación ha sido una de las que más ha sorprendido a los afectados, que también criticaron que un plan de tales dimensiones no puede solventarse con un mero plan especial puesto que atenta contra la esencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia. La consejería defiende el método utilizado ateniéndose a la figura de plan especial "exigida de forma taxativa" por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que no pone límites al tamaño de un plan especial. Y se ampara en uno de los artículos más discutidos de la ley, el 99, que ha sido recurrido en los tribunales, para defender la aplicación de un plan especial sobre suelos no urbanizables. "Le importa un pepino" Así, los afectados se han sentido muy decepcionadas con el modo en cómo la consejería ha despachado en apenas unos folios las más de 12.000 alegaciones recibidas al ahora aprobado Plan Especial de Ampliación del Patrimonio Público del Suelo de la Generalitat Valenciana para el Desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas en la zona de La Punta del término municipal de Valencia. "La intención de la Administración valenciana no es la de entrar en un debate público, no están dispuestos a reconocer que hay un problema, y con la resolución lo que nos han dicho es: Nos importa un pepino que este suelo sea de especial protección y vamos a hacer lo que a nosostros no dé la gana, y sin derecho a réplica", explicó ayer Carmen González, presidenta de la Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta y miembro de la plataforma Defensem La Punta-Salvem l"horta. Ahora, una vez aprobado el plan, sólo les queda esperar a que vayan tramitándose los distintos expedientes de expropiación forzosa. Por eso, para defender sus tierras, 117 de los afectados (se calcula que el plan afecta a aproximadamente 150) han optado por poner un contencioso-administrativo. Y al parecer no son los únicos. La Federación Valenciana de Asociaciones de Vecinos, Acció Ecologista Agró y Esquerra Unida también van a recurrir a la vía judicial la decisión del Consell. No en vano, la defensa del patrimonio cultural que supone la huerta para la ciudad de Valencia, consagrado en el Plan Estratégico aprobado hace un par de años, ha recabado apoyos entre varias plataformas cívicas y culturales, entre todos los partidos de izquierda con representación en las Cortes (PSPV-PSOE, Esquerra Unida-Els Verds y Nova Esquerra) y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. Todos ellos convocaron en junio una manifestación en contra de la ZAL y prometieron impedir por todos los medios legales (parlamentarios, jurídicos y cívicos) luchar contra la destrucción de la huertas de La Punta. Degradación de la huerta Argumentaron entonces y argumentan ahora los vecinos que las huertas de la pedanía, además de formar parte del patrimonio cultural, son su medio de vida y una manifestación de sus tradiciones. Sin embargo, la resolución del Consell defiende la recalificación de la tradicional huerta aludiendo "a la mutabilidad a que es sometida la realidad física del territorio". Para González, se consagra así la táctica de permitir la degradación de la huerta (con bases de contenedores ilegales, por ejemplo) para esgrimir luego que no vale la pena defenderla. La presidenta de los vecinos también critica que el plan supone la pérdida de los derechos de reversión del suelo si, finalmente, no se construye la ZAL. "Cojo el suelo porque quiero y después ya haré lo que quiera con él", explica González, que también duda de la verdadera intención de declarar la huerta suelo urbanizable. "Si es una zona de almacenaje ¿qué van a construir luego? ¿chalets?".