El borrador de decreto de Educación abre un fuerte debate en las asociaciones de inspectores

El proyecto de decreto del Gobierno Valenciano sobre la organización y función de los inspectores educativos, elaborado por un reducido equipo de la subsecretaría de Educación, ha generado un fuerte debate interno entre las asociaciones profesionales. El modelo de inspección a implantar con la llegada de la reforma educativa LOGSE está abriendo una brecha que pone de manifiesto dos concepciones opuestas entre los defensores del modelo oficial, basado en que las especialidades tengan correspondencia con las diferentes etapas del sistema educativo -apoyado por la asociación ANIES- y quienes apuestan por una concepción integrada y única del cuerpo de inspección, propuesta por ADIDE.

De entrada, y antes de que el proyecto pase a ser discutido en la mesa sectorial para luego ser enviado al Consell Escolar Valencià, el debate -al menos en el terreno pedagógico- está servido: la posición de ambas asociaciones mayoritarias es meridianamente opuesta. En el diagnóstico sobre el decreto realizado por la Asociación Nacional de Inspectores de Enseñanza Secundaria (ANIES) en la Comunidad Valenciana, ésta considera "aceptable el modelo organizativo" del Consell, en vista de "la indefinición" en que ha estado sumida la función inspectora "en las últimas décadas". Su apuesta, según el consejero valenciano de ANIES, Eduardo Nagore, consiste en "un modelo de inspección que favorezca la calidad de la enseñanza", "basado en los principios constitucionales de profesionalidad y la especialización", con la finalidad de lograr una "función inspectora estable" y ajena a "los vaivenes y la indefinición que ha presidido el trabajo de los inspectores en los últimos 20 años". La amarga queja se justifica en que, "desde los años de la transición democrática", la inspección educativa pasó a ser "un cuerpo administrativo a extinguir". Después, explica Nagore, la función laboral se planteó "en la primera mitad de los ochenta de una forma basada en criterios territoriales y generalistas: a cada inspector se le fijaba una circunscripción territorial; su función o funciones podían ejercerse en todo tipo de centros; el ejercicio de la inspección tendría carácter temporal (de tres a seis años) y se les asignarían tareas tareas semanales de acuerdo con las instrucciones de la jefatura". Lo que provocó, a juicio de ANIES, "la discrecionalidad de la administración de turno en el nombramiento de los inspectores" y un sometimiento al "poder político". Favorece el "caciquismo" Precisamente este punto, el de la arbitrariedad en los nombramientos, es el único en que ambas asociaciones coinciden en rechazar. Pero también divergen en la forma de enfrentar la discrecionalidad del poder político. Fueron los miembros de la Asociación de Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE) y, paralelamente, el sindicato STEPV, los primeros que manifestaron su férrea oposición al modelo porque favorece el "caciquismo" y los "cotos privados de poder". En consecuencia, ADIDE, que solicita que el decreto sea "fruto de consenso", sostiene que la composición de los tribunales que evaluarán el acceso al cuerpo de inspectores propuesto no favorece la democracia y la transparencia. Y propone que (en contra del decreto) Educación sólo nombre al presidente del tribunal. Pero, la mayor diferencia estriba en el modo de entender la "diversificación" que consagra la LOGSE. Para ANIES, "dada la diversificación es oportuno que sean precisamente los profesores especialistas quienes deban acceder al nuevo cuerpo". Un planteamiento que choca con la propuesta de ADIDE, que no acepta la segregación por niveles educativos, al entender "que para acceder al cuerpo ya hay que acreditar una experiencia mínima de 10 años como docente en cualquiera de los centros y niveles que integran el sistema educativo; poseer el título de doctor, licenciado o arquitecto; y acreditar el conocimiento del valenciano".