Las investigaciones judiciales cercan a la CEV
Las pesquisas de la fiscalía y del Tribunal de Cuentas reabren el caso de los fondos de formación
Los recientes informes de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y el Tribunal de Cuentas han desbloqueado la investigación judicial en torno a la gestión de José María Jiménez de Laiglesia y Luis Espinosa al frente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Ambas instancias han descubierto irregularidades en el uso de los fondos de formación gestionados por la CEV entre 1993 y 1995. Desde las primeras pesquisas, dos juzgados han archivado denuncias sobre el caso. Pero ahora, otro magistrado estudia la probable reapertura de esta tortuosa y larga investigación.
"El laberinto de la justicia" sería un perfecto encabezamiento para un estudio que analizara las vicisitudes y peripecias a las que se ha visto sometida la investigación de las supuestas irregularidades cometidas por la CEV. ¿Es posible que las graves irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas no hayan aflorado ni en la investigación judicial ni en la administrativa? De momento, eso parece. "Será conveniente que se proceda a la apertura de diligencias en la jurisdicción penal", dice el tribunal en su informe, y esta conveniencia es la que analiza ahora el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. El juez estudia reabrir las pesquisas acerca de los usos de los fondos de formación manejados por la patronal, después de que otros dos jueces archivaran sendos expedientes y un fiscal se inhibiera del caso. La fiscalía del TSJ emprendió sus primeras pesquisas el 16 de mayo de 1996. Ese día, el fiscal jefe, Enrique Beltrán, encomendó a un miembro de la acusación pública, Javier Carceller, la investigación del caso. Éste intentó durante varios meses, en estrecha colaboración con cuatro miembros de la Inspección de Trabajo, sacar conclusiones del inextricable monto de facturas y documentos que justificarían el gasto de unos 6.000 millones de pesetas. La investigación, con extrema lentitud dada su complejidad, avanzaba: el fiscal incluso ordenó a los inspectores que se personaran en la Consejería de Trabajo para analizar toda la información necesaria. No obstante, un error precipitaría los acontecimientos, ya que una fiscal, sin comentarlo antes con Carceller, envió a los juzgados una denuncia contra un centro de estudios de Valencia supuestamente beneficiado con fondos de formación de la CEV. Carceller, en aplicación de las leyes procesales, se vio obligado a remitir también a los juzgados los resultados de una investigación en estado embrionario. A ello se unió que tuvo que abstenerse de seguir en el caso al haber compartido banco en el colegio y en la Facultad de Derecho con un denunciado. Así, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia se encargó de la investigación, pero sólo por unos días. Su titular, Vicente Ríos, envió a reparto (sistema por el que se distribuyen las denuncias por los juzgados desde el decanato) el expediente remitido por Carceller. Ríos consideró, con la aprobación del fiscal destinado a su juzgado, que la denuncia que él ya investigaba no tenía relación -conexidad, en términos jurídicos- con las diligencias de Carceller. Acabó archivando la denuncia inicial al no poder determinar al culpable de un posible delito de falsificación. Mientras, Teresa Serra, titular del Juzgado de Instrucción número 6, asumió por reparto la investigación realizada contra la CEV y la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev). Eso, después de repartir, a su vez, por varios juzgados la información contenida en el trabajo del fiscal que no afectaba a estas dos entidades. La causa se disgregó en varias, nadie sabe cuántas. Meses después, Serra, también con el visto bueno del fiscal de su juzgado, archivó la denuncia al considerar que los delitos de falsificación de documento imputados a la CEV y Cepymev habían prescrito. La parte principal de la causa entró en vía muerta. También la propuesta aprobada por todos los grupos en las Cortes valencianas para impulsar una investigación parlamentaria cayó en el olvido. La inspección de Trabajo dio la callada por respuesta y en la CEV, ya sustituidos el presidente (Jiménez de Laiglesia) y el secretario general (Espinosa), nadie quiso saber nada. De la crisis, al vacío. Y del vacío, otra vez al escándalo. Las nítidas denuncias del Tribunal de Cuentas y el informe final de la inspección de Trabajo, que la fiscalía del TSJ ha remitido al juez, han resucitado una investigación enterrada.
Cronología de un escándalo
» Abril de 1995. La Consejería de Trabajo, dirigida por los socialistas, impulsa una auditoría sobre la gestión de las ayudas públicas a la CEV y Cepymev para los fondos de formación. » agosto de 1995. La Inspección de Trabajo, con la conserjería ya en manos de José Sanmartín y el gobierno del PP y UV, entrega un informe que constata irregularidades en la gestión de los fondos y recomienda el traslado del caso a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano "por si los hechos fueran constitutivos de delito". » 16 de mayo de 1996. La fiscalía del TSJ reclama el informe de los inspectores a la consejería de Trabajo después de que trasciendan las supuestas irregularidades en la CEV. Sanmartín, sin explicación oficial ni justificación aparente, desoyó la recomendación de la inspección y no facilitó el informe a la fiscalía. Poco después, el fiscal Javier Carceller inicia la investigación de los hechos en cooperación con cuatro inspectores. » junio de 1996. Varios inspectores se personan en la consejería, por orden del fiscal, para analizar toda la documentación relacionada con el caso. » 9 de junio de 1996. Sale a la luz parte del informe inicial de la Inspección de Trabajo. Luis Espinosa, responsable de la gestión de los fondos de formación como secretario general de la CEV, favoreció, dice el informe, con 40 cursos a IFNE, una academia de la que era accionista su cuñado. IFNE ganó con los cursos casi 50 millones de pesetas, el 89% de su facturación hasta la fecha. » 11 de junio de 1996. El PSPV y EU piden en las Cortes una investigación sobre los fondos de formación, financiados con dinero público. El PP, que apoya la propuesta, no ve irregularidad alguna en la actuación de Espinosa, que ya ha sido nombrado secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional. » 12 de junio. La CEV reclama "respeto a la presunción de inocencia", el PSPV acusa de negligencia de Sanmartín y éste descarga toda la responsabilidad en el anterior Consell al resaltar que las supuestas irregularidades se cometieron entre 1993 y 1995, cuando el PSPV gobernaba la Generalitat. » 13 de junio. Sanmartín pide que se investiguen todos los cursos de formación realizados durante el gobierno socialista. » 14 de junio. La fiscalía amplía envía a varios inspectores a la sede de UGT. La consejería, aún con el PSPV en el poder, consideró que el sindicato no justificó 229 de los 750 millones de pesetas qeu recibió para formación en 1993. UGT completó posteriormente la documentación. : » 18 de junio. El Sindicato Independiente se querella contra Sanmartín por supuesta prevaricación al entender que obstruyó la investigación judicial. El TSJ archiva el caso. » 9 de julio. Sanmartín niega cualquier responsabilidad del PP y afirma: "Estamos aterrorizados por la gestión un tanto exótica de los socialistas". » 14 de febrero de 1997. Tras meses de investigar la compleja documentación, el fiscal encargado del caso se inhibe al comprobar que la investigación podría salpicar a un conocido. El Juzgado de Instrucción número 15, cuyo titular es Vicente Ríos, se hace cargo del asunto al estar investigando una denuncia anterior a la actuación de la fiscalía y posiblemente relacionada con los hechos. Ríos investiga la denuncia presentada contra una academia privada favorecida por los fondos de formación por un supuesto delito de falsificación de documento. El resto del expediente lo envía al decanato de los juzgados para su distribución a otros jueces. » febrero de 1997. Así, las posibles irregularidades cometidas por algunas de las 42 academias favorecidas con los 6.000 millones de los fondos de formación son trasladadas otros juzgados. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia se encarga de la investigación contra la CEV y Cepymev. Ni los jueces, ni los fiscales, ni la propia patronal saben cuántos expedientes hay abiertos por el caso de los fondos. » 14 de marzo. La juez Teresa Serra archiva la denuncia contra la CEV y Cepymev. Considera que el supuesto delito de falsificación de documento ha prescrito. » 14 de junio. El juzgado número 15 hace lo propio con la denuncia contra la academia privada. No encuentra al supuesto culpable -alguien justificó con una firma la presencia en un curso de un alumno fantasma- de otro delito de falsificación. » 28 de agosto. La fiscalía remite nuevos resultados de sus pesquisas a los juzgados. El número 9 recibe esta documentación, y el magistrado estudia si la asume o la remite a los juzgados número 15 o 6, que ya han investigado en este caso. » 2 de octubre. El Tribunal de Cuentas afirma en un informe que la CEV cobró cursos que no se hicieron y manipuló facturas por 107 millones de pesetas para justificar gastos inexistentes. La fiscalía de ese organismo decide remitir el informe al TSJ para que investigue "un presunto hecho delictivo". » 13 de octubre. El Juzgado número 9 de Valencia pide información al número 15. Sigue sin decidir si se hace cargo de la documentación que recibió en agosto de la fiscalía o deja el caso en manos del juez Ríos, que recibió la primera denuncia de esta tortuosa investigación judicial.
