Bruselas acusa a España de limitar las inversiones extranjeras

La Comisión Europea considera que las leyes españolas restringen las inversiones de los extranjeros y de los españoles residentes en el exterior, tanto en capital como en bienes inmobiliarios.

El Ejecutivo comunitario decidió por ello enviar ayer al Gobierno español un dictamen motivado -segunda fase en el proceso de infracción de las leyes comunitarias-, que puede ser contestado en un plazo de dos meses.

En respuesta a ello, el Ministerio de Economía emitió un comunicado afirmando que la realización de inversiones en España es completamente libre y que únicamente se comprueba "en contadísimos casos", si se dan circunstancias que puedan alterar el orden público.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que las verificaciones y autorizaciones previas que imponen las leyes españolas a algunas inversiones extranjeras, así como a las de los residentes españoles en el exterior, son "restricciones injustificadas del libre movimiento de capitales y de la libertad de establecimiento".

Si el Gobierno español no responde satisfactoriamente en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción del dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario acudirá al Tribunal Europeo de Justicia.

El Real Decreto 671/92, que regula la inversión extranjera en España, y el 672/92, sobre la inversión en el extranjero por españoles residentes en el exterior, imponen un procedimiento que incluye 30 días para verificar varias clases de operaciones. Entre ellas están las inversiones directas que excedan de 500 millones de pesetas, las realizadas por españoles en el extranjero por más de 250 millones o las que se efectúen en paraísos fiscales.