Vuelve De la Rosa

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado prisión provisional contra el financiero Javier de la Rosa por supuesta apropiación indebida en el caso que instruye por el hundimiento del Grupo Torras, que dejó un agujero de 500.000 millones de pesetas y destruyó miles de empleos. No es la primera vez que pisa la prisión De la Rosa, prototipo de los empresarios que desde mediados de los ochenta hasta la intervención de Banesto (diciembre de 1993) confundieron la ingeniería financiera con el saqueo de las empresas que gestionaban, con el aplauso de sus hagiógrafos mediáticos (generalmente, los mismos que aplaudieron a Mario Conde). Ya fue encarcelado en octubre de 1994, acusado de falsedad, estafa y apropiación indebida en Grand Tibidabo, cuyos 9.000 accionistas perdieron sus ahorros gracias a su habilidad financiera para vaciar empresas. Un método que, en el mejor de los casos, consiste en vender los activos de una compañía y percibir a cambio elevadas comisiones, que suelen multiplicarse en función del número de intermediarios que intervienen en la operación; y, en el peor, en trasladar directamente el capital de las empresas a cuentas cifradas en paraísos fiscales. El caso de Torras se perfila como un ejemplo acabado del segundo caso. El auto judicial acusa a De la Rosa de haber desviado en torno a 21.000 millones de pesetas (al cambio actual) de Torras a diversas cuentas en bancos suizos y estadounidenses, procedentes de diversas operaciones realizadas en 1987 y 1988 en forma de plusvalías y créditos solicitados a nombre de la empresa. La autoridad judicial ha considerado poco creíbles las explicaciones de la defensa del financiero y desechado la tesis de que De la Rosa era el testaferro de esas cuentas.

La presunción razonable de que tales cantidades de dinero estén en posesión de De la Rosa aumentaba lógicamente los temores de fuga. De ahí que el dictamen de prisión provisional comunicada sin fianza sea fundamentado y razonable. La novedad del auto frente a tratamientos judiciales anteriores, como el de Miguel Moreiras, que se negó sistemáticamente a considerar la prisión, ni siquiera la fianza, o autos precedentes de la misma magistrada, que proponía una fianza de 400 millones, demasiado baja para el volumen de la suspensión de pagos más importante de España, es que en esta ocasión se tienen indicios documentalmente probados de la titularidad de las cuentas y del dinero que ha sido transferido a ellas. El auto, por tanto, ha optado por la vía de la severidad y el rigor.

El esclarecimiento de las circunstancias que propiciaron la suspensión de Torras y el saqueo de sus empresas es fundamental para cancelar adecuadamente una etapa negra de especulación económica y enriquecimientos ilícitos, propiciados por una transición hacia una economía abierta con serias deficiencias de regulación y por la aplicación generosa del chantaje y la corrupción por parte de estos empresarios sui géneris. "Puedo llevarme lo que sé a la tumba, pero no a la cárcel", amenazó De la Rosa en 1994, cuando sus cualidades de ilusionista financiero ya no engañaban a casi nadie. Aunque esa época haya pasado -felizmente-, no estará definitivamente olvidada mientras queden pendientes la fijación de responsabilidades civiles y penales de casos como el de Torras. O el de Banesto.