Expertos penales denuncian la abusiva "judicialización" de la violencia juvenil

Adela Asúa, catedrática de Derecho Penal de la UPV, y Virginia Mayordomo, profesora de la misma facultad, denunciaron ayer en unas jornadas sobre violencia juvenil en la Academia de la Ertzaintza en Arkaute el excesivo recurso a los tribunales que existe en el tratamiento de este problema social. "Se han cometido muchos abusos a través de medidas educativas aplicadas que siempre pasan por el juez", aseguran. Ambas expertas defienden el uso de los actos de conciliación entre menor y víctima.

La propuesta que realizan las dos expertas en Derecho Penal parte de la necesidad de que los menores infractores tomen parte en el proceso legal que sucede a la comisión de un hecho delictivo. "Así pueden ofrecer explicaciones y defender su postura, con lo que se les obliga a reflexionar sobre las consecuencias que rodean a su actuación", explicó Adela Asúa. "Las infracciones juveniles tienen un componente social que hay que atender, no sólo con la educación del menor sino también con medidas sociales", señaló Asúa. De esta manera, demanda que el menor sea enfrentado con su acción infractora "pero no a través de una responsabilidad penal, sino por medio de una reparación a la víctima o trabajos para la comunidad", precisó. La "burocratización" a la que está sometido un episodio que puede ser más o menos grave, "y en algunos casos se limita a una rebeldía o sarampión juvenil", le impide al menor percibir el contexto de la situación. "El sistema penal se limita a enfocar todo desde el prisma de la acusación y se trata de romper ese monólogo para colocarlo en unos términos más normales", aseguró la penalista. La ley juvenil que prepara el Gobierno central contempla este modelo de conciliación, "ya que en Cataluña se viene experimentando desde hace años con él y las declaraciones internacionales insisten en que, frente a las infracciones de menores, hay que reducir la intervención judicial". Asúa entiende que deben potenciarse alternativas de "horizontalidad y de encuentro con la realidad, que tienen un efecto educativo mucho más grande", aunque es necesario estudiar los casos de manera individualizada. Familias enfermas Virginia Mayordomo resaltó asimismo la influencia negativa de una estructura familiar "enferma" protagonista de malos tratos. "Esto no es una cadena infinita y se puede remediar", dijo, a través de programas de intervención con niños cuando se constata la existencia de trastornos derivados de la violencia en el aprendizaje y en el desarrollo. En este punto destacó la existencia de un programa pionero en España que se viene desarrollando en Guipúzcoa denominado Gizalan, que trabaja con familias en las que existen malos tratos o negligencia en la custodia de los niños. También subrayó la importancia de los fiscales en este entramado: "A ellos les corresponde la iniciativa procesal, preservar la imparcialidad del juez, la defensa de la integridad física y moral del menor". El tercer ponente que participó en el seminario de Arkaute fue el profesor de Sociología de la Universidad de Deusto Javier Elzo, quien relativizó la influencia del alcoholismo y las drogas en la violencia de los jóvenes. "Los datos que tengo muestran que durante el pasado año, los delitos relacionados con las drogas no superan el 11% del total", aseguró. Sin embargo, considera que los delitos relacionados con el alcohol son más que los que se vinculan a las drogas. Los actos violentos derivados del alcohol, en gran medida, son acciones contra las personas "y en muchos casos se cometen en el seno de la familia", señaló Elzo. Añadió que "el alcohol, legal para los mayores de edad, crea momentos de euforia que pueden derivar en actos de violencia puntuales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 14 de octubre de 1998.

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