El Gobierno de Marruecos pone en libertad a un primer contingente de presos políticos

Un grupo de presos políticos marroquíes recobró ayer la libertad y abandonó las prisiones en las que se encontraban internados purgando diversas penas. El primer contingente de liberados corresponde a los 28 inscritos en la lista que el Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH) sometió al rey hace unos días y que Hassan II aprobó, ordenando al Gobierno presidido por el socialista Abderramán Yussufi que "el dossier sea resuelto en los próximos seis meses". Familiares de los desaparecidos, por su parte, reclaman al régimen marroquí las listas de muertos.

Los detenidos puestos en libertad ayer son 17 presos islamistas encarcelados en la prisión civil de Ukacha -en Casablanca, una de las más modernas del país-, otros dos islamistas internados en la de Fez, y los nueve restantes, cumplían condena en la prisión de Bensliman y en la cárcel central de Kenitra. La liberación de estos presos, que se ha producido a consecuencia de una medida de "gracia real" considerada como "gesto humanitario" por el ministro de Justicia marroquí, Omar Azziman, ha sido saludada como "un paso positivo" tanto por las organizaciones marroquíes de defensa de los derechos humanos como por Amnistía Internacional. "Es un paso importante, pero el dossier no está cerrado", estiman unánimemente dichos organismos.El abogado de los liberados, Mustafá Ramid, diputado islamista en el Parlamento de Marruecos, declaró que "contrariamente a las declaraciones oficiales, el dossier de los presos políticos sigue abierto", estimando en más de 30 el número de detenidos acusados de actividades políticas que siguen entre rejas. Por su parte, el dirigente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Abdelilá Benabdesalam, calcula que el número de presos políticos "sin delito de sangre" asciende a 36, y no a 28, como afirmó el presidente del CCDH y presidente del Tribunal Supremo, Dris Dahak, en la rueda de prensa que precedió a la liberación. "Hay otros ocho detenidos, en su mayoría islamistas, encarcelados desde los años ochenta, que no están en esas listas".

El tema de los derechos humanos ha creado gran expectación en Marruecos estos días. La polémica sobre su número, el lugar en el que están encarcelados y su afiliación política no ha hecho más que comenzar.

El presidente de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), Abdelaziz Bennani, declaró que la liberación de algunos presos políticos es una noticia "buena y positiva", pero que es necesario "ir hasta el fondo del dossier", en particular publicando las listas de los desaparecidos que el Estado reconoce haber secuestrado y dado muerte, "procediendo a la indemnización de las víctimas de la represión, a la devolución de sus cuerpos a los familiares y extendiendo los correspondientes certificados de defunción". En cuanto a los otros presos islamistas que no han sido incluidos en la lista de 28, pero cuyo caso fue examinado por el CCDH, Dris Dahak anunció que se ha abierto una investigación sobre el juicio en el que fueron condenados los 12 detenidos en Uxda (este del país), sentenciados con 20 años de cárcel tras ser acusados de haber asesinado a un estudiante. "El juicio estuvo lleno de irregularidades", estiman las organizaciones de Derechos Humanos. "Ninguno de los acusados reconoció haber cometido actos delictivos, incluso bajo la tortura", advirtió Fathallá Arsalan, número dos del movimiento islamista Justicia y Caridad. "Nuestros militantes fueron condenados sobre la base de una acusación fabricada por la policía", añadió.

"El dossier de los derechos humanos no se limita a los presos políticos, sino que hay que incluir en ellos desaparecidos, secuestrados por las fuerzas de seguridad y torturados hasta la muerte, así como a los detenidos que han muerto en los locales de la policía en los últimos años", señala Abdelilá Benabdeslam.

Tanto los familiares de los presos y desaparecidos como algunas organizaciones de defensa derechos humanos exigen que se depuren las responsabilidades y que "los criminales, autores del asesinato de las 55 personas que reconoce el Estado, sean presentados ante la justicia".