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El barco en el que murieron 20 personas en Banyoles no cumplía todos los trámites

La embarcación L'Oca, que naufragó el jueves en el lago de Banyoles (Girona) y causó la muerte de 20 jubilados franceses, no había completado la mayoría de los trámites y documentos que se exigen a un barco comercial. El Ayuntamiento de Banyoles fue declarado responsable civil subsidiario ayer por la magistrada del caso. El consistorio deberá asumir las consecuencias económicas del siniestro si las aseguradoras de los dos acusados, Bartomeu Gayolà y Simó Rodríguez, y sus bienes no cubrieran las indemnizaciones.

El alcalde de Banyoles, Joan Solana, efectuó ayer por la mañana su primera declaración ante la juez Montserrat Bastit, quien había acusado de injerencia al Ayuntamiento por encargar el informe que detectó las manipulaciones del barco [se le practicaron dos orificios de ventilación a sólo 15 centímetros de la línea de flotación] causantes de la tragedia. Solana defendió ante la magistrada la corrección de la actuación municipal. La decisión de la juez de inculpar al Ayuntamiento impide la pretensión del municipio de presentarse como acusación particular en la causa.El alcalde aseguró que está dispuesto a dimitir si las evidencias de los próximos días demuestran que existió una negligencia municipal que no pueda asumir ningún miembro de su consistorio. Pero inmediatamente añadió que el municipio no tiene ninguna responsabilidad relacionada con la botadura y la navegabilidad del barco. El alcalde mantiene que desde el momento en que el consistorio dio su autorización a la embarcación, en febrero de 1997, basándose en un informe de un ingeniero naval que únicamente certificó que L"Oca funcionaba con tracción eléctrica y tenía 80 plazas, toda la responsabilidad por las negligencias respecto al catamarán eran competencia de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Solana asegura que la burda manipulación del casco debía haber sido detectada por la Marina Mercante.

Un barco sin matrícula

La subdelegación del Gobierno en Girona confirmó ayer que el catamarán siniestrado no había completado la mayoría de los trámites para poner en funcionamiento una embarcación comercial. Además del certificado de navegabilidad, faltaban los certificados del equipo de seguridad, del número máximo de pasajeros y tripulantes y del material náutico. El barco no tenía ni siquiera una matrícula provisional, paso indispensable para inscribirlo en el registro de buques de la provincia y poder completar así todos los trámites exigidos legalmente. La mayoría de estos documentos debía ser solicitada por el armador y el propietario. Durante más de tres meses, el barco turístico operó en el lago transportando un buen número de pasajeros sin que la Administración local ni la central pidieran cuentas a los propietarios sobre aquellas flagrantes transgresiones ni por la existencia de los orificios de ventilación por los que el agua entró a borbotones hundiendo el barco y causando la muerte de los turistas franceses.El alcalde de Banyoles admitió que su Ayuntamiento debía inspeccionar toda posible sobrecarga en las embarcaciones del lago. El catamarán L"Oca llevaba 141 pasajeros a bordo el día del naufragio pese a que la reglamentación municipal limita el pasaje a 80 plazas. Las autoridades municipales aseguran que no han detectado jamás sobrecarga alguna en los cruceros turísticos, aunque tampoco consta que tales inspecciones específicas se llevaran a cabo. "Con el reglamento en la mano", aseguró Solana, "no había que comprobar cada día la carga de los barcos". El alcalde puntualizó ante la juez las declaraciones a la prensa según las cuales la vigilancia del lago había fallado. Solana matizó ante la magistrada que las inspecciones eran cuidadosas y frecuentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de octubre de 1998

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