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El barco que causó 20 muertos en Banyoles estaba casi indocumentado

La embarcación L"oca, cuyo naufragio en el lago de Banyoles causó la muerte de 20 jubilados franceses el pasado jueves, no había completado la mayoría de los trámites que se exigen a una embarcación comercial. El Ayuntamiento de Banyoles fue declarado ayer responsable civil subsidiario por el juzgado número 7 de Girona. El consistorio deberá asumir las consecuencias económicas del siniestro si la compañía de seguros de los dos acusados, Bartomeu Gayolà y Simó Rodríguez, y sus bienes no cubrieran el total de las indemnizaciones.

El alcalde de Banyoles, Joan Solana, efectuó ayer por la mañana su primera declaración ante la juez Montserrat Bastit, quien había acusado al Ayuntamiento de injerencia en las investigaciones por haber encargado un informe técnico sobre las causas del suceso. El informe municipal descubrió las manipulaciones que había sufrido el barco, las cuales, junto a la enorme sobrecarga, provocaron su hundimiento. Solana defendió ayer ante la magistrada la corrección de la actuación municipal en el asunto y alegó que estaban destinadas a esclarecer las irregularidades administrativas que hubieran podido producirse. De momento, la decisión judicial de declarar responsable civil subsidiario al Ayuntamiento impide que éste pueda presentarse en la causa como acusación particular, como era su pretensión. El alcalde aseguró que está dispuesto a dimitir si las evidencias de la investigación judicial demuestran que existió una negligencia municipal que no pueda asumir ningún miembro de su consistorio. Pero inmediatamente añadió que el municipio no tiene ninguna responsabilidad relacionada con la botadura y la navegabilidad del marco. El alcalde explicó que el consistorio dio su autorización a la embarcación, en febrero de 1997, basándose en un informe de un ingeniero naval que únicamente certificó que L"oca funcionaba con tracción eléctrica y tenía capacidad para 80 plazas. Y sostuvo que, desde ese momento, toda la responsabilidad por negligencias respecto al catamarán eran competencia de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Ni siquiera tenía matrícula Solana asegura que la burda manipulación del casco de la nave, causa principal del hundimiento, debía haber sido advertida por la Marina Mercante. La subdelegación del Gobierno en Girona confirmó ayer que el catamarán siniestrado no había completado la mayoría de los trámites para poner en funcionamiento una embarcación comercial. Además del certificado de navegabilidad, faltaban los certificados del equipo de seguridad, del número máximo de pasajeros y tripulantes y del material náutico. El barco no tenía ni siquiera una matrícula provisional, paso indispensable para inscribirlo en el registro de buques de la provincia y completar así todos los trámites exigidos legalmente. La mayoría de estos documentos debía ser solicitada por el armador y el propietario. Durante más de tres meses el barco turístico operó en el lago de Banyoles transportando un buen número de pasajeros sin que la Administración local ni el Ministerio de Fomento pidiera cuentas a los propietarios sobre las flagrantes transgresiones de su situación legal y sin que nadie advirtiera las fatales modificaciones realizadas en el barco. Entre éstas se halla la apertura de unas rejillas de ventilación en la parte trasera de la nave por las que el agua entró a borbotones el día de la tragedia al haber permitido que subieran a bordo 140 pasajeros y doblar así prácticamente el pasaje recomendado.PASA A LA PÁGINA 4

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de octubre de 1998

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