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Los socialistas piden cambios en el acuerdo entre ACESA y Fomento sobre los peajes de las autopistas catalanas

El PSOE se opone al acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Fomento con Autopistas Concesionaria Española (ACESA) para la reducción de peajes en las autopistas que explota la citada empresa a cambio de aumentar su concesión durante cinco años -hasta el 2021-. El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley en la Cámara en la que pide que no prorrogue dicha concesión. El texto de la proposición exige la disminución de tarifas "en contraprestación a los grandes beneficios de la empresa concesionaria, sin prorrogar la concesión". Asimismo, se pide la "necesaria gratuidad" del tercer cinturón de Barcelona, para lo que habría que desplazar físicamente las cabinas de peaje de la A-7 y la A-17 y situarlas en los extremos del anillo que configuran con la A-2, "a fin de liberar así la circulación alrededor de Barcelona". La proposición también exige la gratuidad del tramo Altafulla-Cambrils de la A-7 para camiones y vehículos de transporte colectivo mientras se realizan las obras de la variante N-340, y pide la construcción de un tercer carril entre Maçanet de la Selva y Girona y entre El Vendrell y Cambrils. El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes solicitar del Consejo de Estado la emisión de un dictamen en el plazo de 10 días sobre el convenio y el proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados términos de la concesión de ACESA a cambio de que ésta abarate el peaje en algunos tramos. Por su parte, el Grupo Catalán ha presentado una moción en la que pide que el Gobierno presente un plan en el plazo de seis meses destinado a "objetivar, sobre premisas de solidaridad y equilibrio territorial, el coste de los peajes actualmente existentes". Para CiU, dicho plan, que debe tener en cuenta la desaparición de las "actuales discriminaciones", deberá contener en todo caso la programación de la construcción de nuevas autovías, tomando como prioridad las densidades de tráfico y la paulatina amortización de las autopistas de peaje existentes. Desde la primavera de 1997, el Parlament de Catalunya tiene el mandato de crear una comisión que estudie el problema de los peajes de las autopistas catalanas. Dicha comisión todavía no se ha constituido.

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