La inmigración: problema social o problemática política

Las migraciones han sido una constante a lo largo de la historia. El crecimiento demográfico, el cambio tecnológico, los conflictos étnicos y políticos, y las guerras se han visto siempre acompañados de movimientos de población. En los últimos siglos se han desarrollado procesos sociales, políticos y tecnológicos fundamentales -colonialismo y neocolonialismo, industrialización, emergencia de los Estados-nación, economía de mercado capitalista- difíciles de entender al margen de los movimientos masivos de población que han provocado o que los han acompañado. La "novedad" con respecto a movimientos anteriores a los actuales es que hoy es posible "medir", por tanto, prever y predecir, hasta cierto punto, la magnitud del fenómeno: en 1991, por ejemplo, el 77% de la población mundial se concentraba en los países del sur; a cambio, según el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sólo recibía el 15% de la riqueza mundial. Las consecuencias de esta situación son meridianamente claras para el equilibrio demográfico, socioeconómico y político de los próximos decenios. Entre otras razones, y no la menos importante, porque las diferencias entre el norte y el sur en cuanto a esperanza de vida, de evolución demográfica, de estructuración económica, de calidad de vida, y de estabilidad política, forzará a una parte de los ciudadanos de los países más pobres a buscar mejores oportunidades de vida en aquellos países que se las ofrezcan. Pero contrariamente a lo que se piensa, los mayores desplazamientos de población se producen de sur a sur; sólo una pequeña porción de la población mundial se constituye en objeto de nuestras atenciones, convirtiéndose en "inmigrantes" procedentes de "países subdesarrollados" hacia "países desarrollados". La globalización parece ser el término que mejor define a los actuales flujos migratorios ya que afectan a los cinco continentes, tanto en su faceta migratoria en sentido estricto, de carácter laboral o económico, como los producidos por motivos ideológicos, políticos, religiosos o bélicos. En los países más desarrollados, la exacerbación del pánico social frente a la migración se traduce en actitudes de prevención administrativo-política frente al extranjero inmigrante y dan lugar a concepciones y planteamientos de actuación tales como la determinación y la fijación del llamado "umbral de tolerancia" migratoria, la definición de la migración como amenaza a la estabilidad social del Estado, el planteamiento fronterizo como salvaguarda de la fortaleza nacional y la exaltación de la homogeneidad cultural como condición ideal de convivencia social. La Ley de Extranjería establece, entre otras cosas, las condiciones necesarias para poder residir y trabajar en España. Impide, por tanto, la entrada incontrolada de inmigrantes en nuestro territorio. La prohibición, el control y la expulsión son el caldo de cultivo de formas organizadas de contravenir lo prohibido, eludir el control y evitar la expulsión. Las mafias que trafican con inmigrantes, como las que lo hacen con drogas, etcétera, operan porque existen leyes que prohiben su libre circulación. Cuando el dedo señala la luna, dice un proverbio chino, el tonto mira el dedo. La opinión pública española se ha ido acostumbrando a ver en estas mafias que operan a un lado y otro del Estrecho de Gibraltar la causa principal de las muertes que se producen periódicamente. ¿Es necesario decir que las mafias no tendrían razón de existir en ausencia de la Ley de Extranjería? La preocupación del ciudadano español debería centrarse más en los efectos discriminatorios de una política de extranjería cicatera y represiva, y exigir de las autoridades españolas medidas contra las distintas formas de marginación que se desarrollan a lo largo del continuo integración/exclusión social: en el ámbito de la salud, de la educación, del trabajo, y, sobre todo, en el ámbito jurídico. Con la participación de todo tipo de administraciones, sobre todo las locales; con el concurso de asociaciones, movimientos sociales y ONGs y con el decidido principio de que es posible la convivencia en una sociedad mestiza -así ha sido la mayor parte de la historia de la especie humana-, podremos aventurarnos en la elaboración de políticas sociales que se planteen la atención a inmigrantes extranjeros no como ciudadanos de segunda clase (no ciudadanos), sino como personas con idénticos derechos a aquellos ciudadanos con los que convive y con los que trabaja.

Francisco Javier García Castaño y Antolín Granados Martínez son miembros del Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada, y directores del curso Políticas sociales, intervención social e inmigración, celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía Antonio Machado, de Baeza (Jaén).