Los dos bloques del Constitucional acercan posturas para rechazar la recusación de Conde-Pumpido

Los dos sectores del Tribunal Constitucional, conservador y progresista, están intentando llegar a un acuerdo que, si prospera, desembocaría en el rechazo de la recusación presentada por el PP contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en los asuntos relativos a la ley de amnistía. Para facilitar ese consenso, según fuentes del tribunal, se ha organizado el próximo pleno en los términos en los que lo pedía el bloque conservador; es decir, estableciendo que ni Conde-Pumpido (progresista) ni los otros dos magistrados recusados en esta causa —Laura Díez (progresista) y José María Macías (conservador)— estén presentes en la deliberación de esa primera recusación que afecta al presidente. Habrá por tanto, cuatro magistrados del sector conservador y otros cuatro del bloque progresista, y la sesión será presidida por la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que tendrá voto de calidad en caso de empate. Pero el empate, teóricamente posible, no se va a producir: según fuentes de ambos sectores, habrá acuerdo en rechazar la recusación de Conde-Pumpido.

En la última reunión del pleno del Constitucional, el pasado 24 de septiembre, sí hubo una fractura, que llevó a que los conservadores, que solo dos semanas antes habían votado a favor de admitir la abstención del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo hicieran en esa ocasión en contra. Pero la discrepancia no era, en realidad, sobre dicha abstención (que salió adelante por la mayoría progresista del tribunal). El enfrentamiento se produjo porque los conservadores creían que era improcedente agrupar en una sola decisión la abstención de Campo en todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía; y, sobre todo, estimaban que los otros tres recusados —Conde-Pumpido, Díez y Macías— debían abandonar el pleno. Los progresistas se negaron a asumir esas condiciones.

El cambio de criterio de la mayoría progresista sobre este extremo, al aceptar ahora que todos los recusados se ausenten del pleno que debatirá la recusación del presidente —el próximo martes—, facilitará el cierre de filas sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la recusación presentada por el PP contra Conde-Pumpido. Fuentes de ambos grupos consideran altamente probable que se dictamine por unanimidad que la petición del PP carece de base. Las mismas fuentes subrayan que no se ha sellado un pacto formal en este sentido, pero apuntan que los contactos previos entre magistrados de los dos bloques han puesto de manifiesto que, si se intentara mantener una posición rígida a favor de la recusación, el grupo conservador podría dividirse.

La postura que se ha impuesto, según estas fuentes, ha sido la de considerar que el cambio de criterio de los progresistas sobre la composición del pleno ya es un éxito para el grupo conservador. Ambos sectores ven innecesario que el tribunal se desgaste en una pelea previa al debate sobre el fondo del asunto, la propia ley de amnistía, de modo que ni un grupo ni otro quieren poner la recusación contra Conde-Pumpido en el centro de la batalla. Se guardan, en todo caso, energías para cuando llegue el momento de discutir sobre las otras dos recusaciones, principalmente la de José María Macías, que se verá en tercer lugar. Un dato relevante es que Conde-Pumpido sí podrá participar en los debates sobre estas dos recusaciones si previamente se rechaza la que le afecta a él.

En medios del grupo progresista se estima que la continuidad en las deliberaciones de Laura Díez —recusada por el PP por su anterior cargo como jurista en el Ministerio de Presidencia del actual Gobierno— está asegurada, porque en ese cargo no participó específicamente en la confección de la ley de amnistía. En cambio, las mismas fuentes consideran que es improbable que se rechace la recusación contra José María Macías, del grupo conservador, por la rotundidad de sus opiniones contra la amnistía. Macías respaldó, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los dos informes que consideraron inconstitucional esa ley.

La batalla se volverá a plantear previsiblemente en relación con esta recusación de Macías porque el grupo conservador considera que no puede discutirse hasta que el recurso del PP contra la ley de amnistía haya sido admitido a trámite, ya que —afirman fuentes de este sector— hasta entonces no habrá en puridad un proceso abierto del que el intento de apartar a dicho magistrado formase parte. Macías, además, es ponente de la resolución sobre ese recurso del PP, y de hecho fuentes del tribunal señalan que ya ha entregado un borrador de resolución a favor de admitirlo a trámite.

En todo caso, estos primeros episodios de las discrepancias sobre las recusaciones y su resolución son sólo el prólogo del verdadero debate sobre la amnistía. La confrontación en toda regla sobre el fondo del asunto no se planteará hasta que se empiece a deliberar sobre las impugnaciones presentadas contra la ley que borra los delitos cometidos durante el procés independentista catalán, y sobre los recursos de amparo que Carles Puigdemont interpondrá si el Supremo mantiene hasta el final que el delito de prevaricación no es susceptible de beneficiarse de la amnistía.