La Fiscalía de Granada insta a que se abra una causa penal contra un bar que incumplió la ley de ruidos

La Fiscalía de la Audiencia de Granada ha promovido la vía penal contra los bares que incumplen la normativa de ruidos por lo que ha instado a un juzgado a que abra una causa criminal contra un establecimiento de la movida granadina por un delito contra el Medio Ambiente. El informe del ministerio público ha sido elaborado después de que una comunidad de vecinos denunciara por prevaricación al Ayuntamiento de Granada al entender que deliberadamente había permitido la actividad de un bar a pesar de que incumplía las normativas municipales de Medio Ambiente. Aunque el fiscal archivó la denuncia contra el municipio -al constatar que el local había sido sancionado con varios cierres y multas de hasta un millón de pesetas-, dedujo testimonio de la queja vecinal e invitó al juzgado de guardia a que, dada la reiteración de sanciones, abriese diligencias previas penales contra el establecimiento, a lo que el juez ha accedido. El pasado sábado, el juez de guardia y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil midieron el nivel de ruido del bar y, aunque no fue alarmente, el titular del juzgado ha decidido proseguir la instrucción de la causa penal al disponer de otros elementos probatorios como informes policiales y denuncias vecinales. Según la fiscalía, esta iniciativa penal se justifica por la "actividad rebelde" del titular del negocio, "que hace caso omiso a los requerimentos y denuncias en evitación de tales perjuicios, animado por la explotación del negocio en su propio provecho". Todo ello porque, en opinión del ministerio público, el bar incumple los horarios de cierre y las normas que rigen la regulacion de ruidos. Rebeldía administrativa Para encajar la rebeldía administrativa del establecimiento en el Código Penal, el informe subraya que la consecuencia de dicha actividad es "un deterioro del medio, aumentado ello por la suciedad vertida en el lugar que (...) perjudica el medio ambiente haciendo insoportable y degradante la vida hogareña, alterando gravemente las condiciones del hábitat y perjudicando los derechos de respeto a la vida privada y familiar, así como la libre elección a vivir tranquilos de sus moradores". Tras relacionar la vida privada y el medio ambiente, el fiscal refleja "la obligación de las autoridades públicas a preservar el delito ecológico y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de su vida familiar", por lo que califica el emprendimiento de la iniciativa penal de "innovadora y audaz para la defensa de la privacidad y la calidad de vida, abriendo una vía inédita frente a las agresiones medioambientales". "Se decide reconocer por unanimidad la violación del derecho a la vida privada y familiar y del domicilio como consencuencia de las molestias causadas por malos olores, reuidos y humos", concluye el informe.