La juez ordena trasladar el barco naufragado en Banyoles al aeropuerto de Girona para un peritaje
La juez Montserrat Bastit, que instruye la causa del naufragio ocurrido en pasado jueves en el lago de Banyoles (Girona), en el que murieron 20 jubilados franceses, ha ordenado que la prueba pericial de la embarcación siniestrada se realice en seco, en un hangar del aeropuerto de Girona. La juez anunció ayer que no tomará en consideración el informe que ha realizado un ingeniero naval de la inspección de buques de Girona por encargo del Ayuntamiento. Los propietarios del barco tienen de plazo hasta mañana para depositar los 5 millones de fianza fijados por la juez.
Mañana por la mañana, La barca de l"Oca, propiedad de la empresa La Carpa de l"Estany SA, será trasladada hasta el Club Natación Bañoles, un espacio más amplio que permitirá cargar el catamarán en un camión y conducirlo hasta las instalaciones de Vilobí d"Onyar.Técnicos navales examinarán la embarcación, de tracción eléctrica, y las modificaciones que introdujeron sus propietarios para ganar velocidad y evitar el calentamiento del motor y las baterías. Es poco probable que sus conclusiones difieran mucho de las del estudio encargado por el consistorio, ya que, más que por falta de fiabilidad, ha sido rechazado por la magistrada por considerar que ha invadido sus competencias.
En este informe se constata que las aberturas de ventilación practicadas en la popa de la embarcación, unidas al exceso de pasaje, desencadenaron el naufragio. En sus detalles más técnicos, el documento expone que el calado -la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un barco- aumenta un centímetro por cada 300 kilos, peso aproximado de unas cuatro personas.
Teniendo en cuenta que el pasaje era de 141 personas, unas 10 toneladas y media, resultaba evidente que el agua anegaría el casco al entrar por las nuevas rejillas de ventilación, practicadas a un palmo de nivel de flotación. Para superar esta circunstancia, los propietarios completaron su desaguisado llenando de agua la parte delantera de la nave con el fin de rebajar así el calado de la popa.
Mientras tanto, sigue su curso la actuación judicial contra Benet Goyolà y su yerno, Simón Rodríguez, propietarios de la embarcación siniestrada, que han sido acusados por el fiscal de veinte homicidios por imprudencia grave. Los dos imputados tienen de plazo hasta mañana para depositar la fianza de cinco millones exigida por la juez.
A la salida de una misa oficiada ayer por el obispo de Girona en la parroquia de Santa María del Mar de Banyoles, en la que el prelado alabó la actitud ejemplar y solidaria de los vecinos de esta ciudad, el alcalde de Banyoles, Joan Solana, calificó de correcta y justa la decisión judicial contra los propietarios del catamarán accidentado. Solana trató de rebajar la tensión creada por haber inspeccionado el barco nada mas ser reflotado, sin permiso judicial, indicando que comprendía el enfado de la juez.
