Los familiares de enfermos mentales piden más recursos al SAS

Las asociaciones de familiares de enfermos mentales han decidido alzar la voz para reclamar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) más recursos a fin de que termine el mapa asistencial diseñado hace 14 años. El SAS reconoce que la reforma psiquiátrica no está acabada, pero asegura que ha habido avances muy importantes. En Andalucía hay alrededor de 80.000 enfermos mentales, de ellos 15.000 en estado grave. La Fanaes, federación que agrupa a las asociaciones de familiares de la comunidad autónoma, concretó sus reivindicaciones a la Administración durante unas jornadas celebradas la semana pasada en Málaga. Aunque la organización también demandó más recursos sociales para estos enfermos, centró sus críticas en las carencias del sistema sanitario. "En cuatro años la Fundación ha hecho muchas cosas; Salud lleva 14 años y todavía no ha completado lo previsto", se quejó la presidenta de Fanaes, Lidia Dougoud. Marcelino López, responsable del programa de Salud Mental del SAS, admite que quedan cosas por hacer, pero pide que se mire hacia atrás. En 1984, cuando se puso en marcha la reforma, había en la comunidad ocho hospitales psiquiátricos y 69 psiquiatras. "En la actualidad hay 19 unidades hospitalarias, seis comunidades terapéuticas, nueve unidades re rehabilitación, once unidades de salud mental infantil y 71 equipos de distrito", sintetiza. Las quejas de los familiares se centran en la falta de coordinación entre algunos dispositivos, la escasez de recursos intermedios a donde ingresar a los enfermos una vez que han superado la fase aguda y las altas prematuras que se registran en algunos hospitales, lo que obliga a las familias a asumir una carga asistencial que no les corresponde. Para Dougoud, la atención que el sistema sanitario ofrece a estos pacientes está todavía "muy por debajo" de la que se da a otros enfermos. López responde a las críticas con un compromiso: en un año se pondrán en funcionamiento siete comunidades terapéuticas. Estos dispositivos son un recurso intermedio entre el hospital y la calle y una de las asignaturas pendientes de la reforma.