El fiscal Fungairiño descartó investigar al Santander por el uso de testaferros

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que pidió el archivo del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, calificó de "inútiles" las investigaciones sobre los inductores del uso de testaferros para defraudar a Hacienda. En contra de la posición sostenida por el abogado del Estado, que también pidió el archivo del caso, documentos internos del Santander revelan las tensiones con Hacienda para la entrega de datos, y que el presidente de la entidad, Emilio Botín, fue informado de ellas.

El caso de las cesiones de crédito del Banco Santander ha pasado a primer plano de la contienda política y ha causado malestar en medios jurídicos. Tanto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, como el abogado del Estado, la parte acusadora, han pedido el archivo del caso por procedimientos, como mínimo, poco regulares. La entidad financiera, consultada ayer, declinó hacer declaraciones al respecto.El asunto dio un giro radical el pasado viernes cuando la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, decidió seguir adelante con el proceso, pese a no contar con el respaldo de la parte acusadora. En este proceso se dilucida si el Banco Santander alentó a sus clientes a suscribir un producto financiero opaco al fisco -captó 432.965 millones con más de 3.500 titulares-, si para ello facilitó el uso de indentidades falsas y si colaboró o no con Hacienda en sus investigaciones.

Seis años después de que el caso pasase a la esfera judicial, tanto el abogado del Estado como el fiscal jefe de la Audiencia, deciden que no hay responsabilidades penales exigibles a la entidad financiera. Ambos que, en teoría, actúan en defensa de los intereses de la Hacienda pública, presentan sus escritos de petición de archivo prácticamente al tiempo, en torno al pasado 14 de julio.

Por parte de la fiscalía, el responsable hasta ese momento del caso, Jesús Santos, es sustituido por el propio Fungairiño. Éste aprovechó que Santos se encontraba de vacaciones por esas fechas y asumió el caso como forma de resolver las discrepancias entre ambos. El relevo no cumplió las formalidades exigidas y recuerda a los métodos seguidos durante la época franquista.

En el caso del abogado del Estado, el giro en las posiciones mantenidas hasta entonces es también sorprendente. En actuaciones previas, el más directo defensor de los intereses de la Hacienda pública, se apoya en todo momento en las instrucciones de la Agencia Tributaria. De hecho, la ley sobre asistencia jurídica al Estado establece en su artículo 7 que para desistir de un procedimiento -como se ha hecho en el caso de las cesiones de crédito- se deberá recabar informe previo del departamento afectado, en este caso, de la Agencia Tributaria.

Su presidente, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, negó el pasado martes en el Congreso que hubiera dado instrucciones al abogado del Estado para solicitar el archivo de la causa. Este extremo no ha convencido a los grupos de la oposición -PSOE, IU e Iniciativa per Catalunya, personada como acusación popular- que sospechan de la existencia de un acuerdo a alto nivel para dar carpetazo al asunto. Todo el asunto se remonta a abril de 1992 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, se incauta de los archivos informáticos centrales del banco en Madrid que contienen la lista de los titulares de las cesiones de crédito. Moreiras responde así a la denuncia formulada por Hacienda que descubre el fraude y lo denuncia ante la Audiencia Nacional.

Del análisis de estos datos -realizado en parte por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia- se descubre que se han utilizado testaferros -albañiles en paro que invierten más de 100 millones de pesetas, jubilados, fallecidos- para camuflar la verdadera identidad de los titulares de las cesiones. La mayoría de ellos regularizaron su situación pero, finalmente, se detectan 228 presuntos delitos fiscales. Entre los titulares aparece el consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Fernando Cartagena, que invierte 150 millones a través de otra persona. Por este motivo Cartagena dimite de su cargo a principios de este año.

Pese a todo ello, el fiscal Fungairiño entiende que el Banco Santander no tiene responsabilidades penales y esto "releva de la necesidad de agotar la investigación, hasta extremos que ya se han revelado inútiles, sobre quienes hubiesen sido los inductores y los autores materiales de dichos fingimientos".