Inminente acuerdo del Poder Judicial sobre la sanción al juez Navarro

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará en los próximos días sobre el expediente disciplinario abierto al juez Joaquín Navarro Estevan hace más de seis meses por supuesta intromisión en el ejercicio jurisdiccional del juez Baltasar Garzón en relación con el caso Sogecable. La Comisión Disciplinaria del CGPJ, que se reúne hoy, remitirá el expediente al pleno del órgano de gobierno de los jueces, dado que, por tratarse de una falta muy grave, la sanción de suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial es competencia del pleno del CGPJ.

El magistrado instructor, Xavier O´Callaghan, ha devuelto definitivamente el expediente a la comisión disciplinaria -que preside Benigno Varela y de la que también forman parte Manuela Carmena, Francesc Caminal, Francisco Monterde y Emilio Olabarría-, que deberá pronunciarse ahora sobre si resuelve ella el expediente o, como parece más probable, lo remite al pleno.

Fuentes de la comisión disciplinaria informaron que el expediente ha sido devuelto en tres ocasiones al instructor, para que se pronunciara sobre aspectos del mismo. La última vez, el instructor, antes de devolver el expediente, ha rechazado toda una serie de pruebas propuestas por el magistrado expedientado. Entre ellas, Navarro quería que se tomara declaración a los jueces Garzón y Javier Gómez de Liaño, al fiscal Ignacio Gordillo, al catedrático Jaime García Añoveros y al profesor Jesús Neira.

Falta confesada

El instructor del expediente estima que no son necesarias tales pruebas, ya que la prueba principal la aporta el expedientado, en el artículo publicado el 9 de septiembre de 1997 en el diario El Mundo, bajo el título Cainismo y prevaricación. En dicho artículo, a propósito de la decisión que correspondía adoptar a Garzón sobre la recusación que formuló Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Sogecable, contra el juez instructor del caso, Gómez de Liaño, Navarro reconoció que había indicado a Garzón lo que debía hacer (abstenerse, según el expedientado) "a las pocas horas de presentarse la recusación".Tal conducta del juez Navarro puede incurrir en la considerada por la Ley Orgánica del Poder Judicial como falta muy grave: "La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado". Sólo podrá resolver el expediente la comisión disciplinaria, en lugar de remitirlo al pleno del CGPJ, si estima que la conducta del expedientado es calificable como falta grave: "Interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o magistrado".

Fuentes del CGPJ estiman que otros expedientes contra el juez Navarro por sus críticas al propio Consejo o a destacados magistrados no es probable que prosperen, por estar protegidas por la libertad de expresión.