Peajes discriminatorios

A medida que se ha ido extendiendo por España la red de autovías libres de pago ha crecido el malestar entre los ciudadanos de algunas comunidades, como el País Vasco, Valencia y, sobre todo, Cataluña, donde las principales comunicaciones por carretera se realizan a través de autopistas de peaje. Frente a esa situación discriminatoria se han puesto en marcha distintas iniciativas. El año pasado, el Ministerio de Fomento autorizó una ampliación del plazo de concesión a la autopista Marenostrum en la Comunidad Valenciana, a cambio de un recorte de los peajes del 30%. En Cataluña, el Gobierno de CiU, que en 1990 se había opuesto a alargar las concesiones, reabrió el debate hace dos años con la petición de una revisión del IVA que logró rebajar del 16% al 7%.Ante la insuficiencia del recorte, la discusión volvió a plantearse el año pasado entre Fomento y la empresa Acesa, a instancias de la Generalitat. El resultado ha sido un acuerdo, que debe ratificar todavía el Gobierno, muy ventajoso para la compañía: ampliación de la concesión en toda la red (541 kilómetros) y mantenimiento de la mayor parte de los peajes a cambio de reducir entre el 17% y el 50% en cuatro tramos de 57 kilómetros, los más próximos a Barcelona.

El pacto ha provocado malestar entre los usuarios de las autopistas, expresado especialmente por las cámaras de Comercio y los ayuntamientos de Lleida, Girona, Tarragona y Zaragoza, cuyos habitantes han visto empeorar su situación al no obtener rebaja alguna, pero sí un mayor coste por efecto de la prolongación de la concesión. El aumento espectacular de los beneficios de la compañía contribuye a irritar todavía más a estos ciudadanos.

El beneficio es, sin duda, un objetivo deseable para cualquier empresa. Pero las autopistas son empresas que gozan de ventajas tales como exenciones fiscales (el 95% del impuesto de bienes inmuebles) y subvenciones del Estado (480.000 millones entre 1969 y 1996), lo cual debiera someterlas a algunas obligaciones. Estas subvenciones corresponden a compensaciones del seguro de cambio, sistema que permitió a estas empresas obtener una financiación exterior más barata gracias a la garantía del Estado, que pagó el efecto de las devaluaciones. Por contra, cuando recientemente las empresas se han beneficiado de la caída de los tipos de interés, no la han repercutido en sus tarifas.

Una de las formas de acabar con esta situación de discriminación sería que el Estado rescatara los peajes de forma progresiva. Si esta medida resulta excesivamente onerosa, los ciudadanos tienen derecho al menos a conocer la equivalencia real entre rebajas de peajes y ampliaciones de concesiones. Existe la sospecha de que la revisión puede implicar un mayor negocio para las empresas. El silencio del Gobierno sobre las condiciones del pacto resulta sospechoso. Un auditor independiente podría ser una solución para conocer, al menos, los efectos económicos del acuerdo.